Las altas cortes de Colombia rindieron homenaje el viernes 7 de noviembre en Bogotá por los 40 años de la toma al Palacio de Justicia, un episodio que marcó la historia judicial y política del país.
El evento contó con la presencia de los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quienes hicieron un llamado público a esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el grupo guerrillero M-19 tomó el edificio.
Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, fue enfático en señalar que Colombia aún tiene una deuda pendiente con la verdad. Cuestionó la amnistía otorgada al M-19, argumentando que los responsables deben entregar un relato completo y sin omisiones sobre lo sucedido.
“Colombia aún es titular de una deuda de verdad pendiente”, señaló Ibáñez Najar, insistiendo en la necesidad de afrontar el pasado para sanar heridas.
El homenaje arrancó un sentimiento generalizado de reclamo por justicia para las víctimas y sus familias que aún esperan respuestas claras y definitivas sobre las víctimas y los responsables materiales y políticos detrás de la tragedia del Palacio de Justicia.
La toma dejó un saldo trágico que aún resuena en la opinión pública. La ausencia de una verdad completa mantiene vigente la exigencia de memoria y justicia, temas que las altas cortes confirmaron como prioritarios durante el acto en Bogotá.
El evento sirvió también para reiterar el compromiso de la justicia colombiana de no olvidar y seguir buscando mecanismos para esclarecer uno de los capítulos más dolorosos de la violencia en Colombia.
El reclamo contra la amnistía al M-19 no es nuevo, pero ganó fuerza en este acto conmemorativo. Para las cortes, el perdón no puede ser excusa para ocultar responsabilidades ni para evitar la restauración plena de derechos a las víctimas.
La conmemoración fue a puerta cerrada, con familiares de las víctimas y voceros de instituciones, pero tuvo impacto amplio en redes sociales y medios nacionales, reavivando el debate sobre la memoria histórica y la justicia en Colombia.
