El gobierno de Estados Unidos volvió a poner a Gustavo Petro en el centro del debate sobre narcotráfico tras especulaciones sobre su posible inclusión en la “Lista Clinton”, la clasificación de personas y entidades sancionadas por vínculos con el narcotráfico y crimen organizado. Esta lista, formalmente llamada Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT), es emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y bloquea activos, además de prohibir transacciones con los sancionados.
La medida surge en un contexto en el que Colombia enfrenta un aumento sostenido de hectáreas sembradas de coca: en 2023 la producción potencial alcanzó 2.664 toneladas, mientras que apenas se incautaron 711 toneladas. La correlación entre cultivos y decomisos obedece a múltiples variables, incluyendo capacidad antidrogas, mejoras en el rendimiento de cultivos y dinámicas del flujo de droga hacia mercados internacionales, lo que dificulta establecer cifras claras sobre responsabilidad directa del Ejecutivo.
La administración Petro ha incrementado operativos, pero el narcotráfico sigue bajo control de grupos armados ilegales en cerca del 20% del territorio nacional. Además, la Fuerza Pública enfrenta limitaciones logísticas y presupuestales, evidenciadas en restricciones para combustible y horas de vuelo, lo que pone en duda la eficacia de la estrategia estatal para contener el crimen organizado.
El artículo que analiza este tema también señala que otras figuras políticas históricas deberían estar en la lista si los criterios se aplicaran con el mismo rigor: desde el expresidente Álvaro Uribe –investigado por vínculos con el Clan de los Cifuentes Villa– hasta Iván Duque, bajo investigación por supuesta financiación de campaña a través de narcotraficantes, y Ernesto Samper, involucrado en el escándalo de financiación del Cartel de Cali.
Incluso magnates como Sarmiento Angulo han estado vinculados a lavado de activos, sancionado por EE. UU., lo que abre la discusión sobre el uso político y selectivo de estas listas.
Más allá de los cuestionamientos a Petro, el análisis profundiza en un debate central: la crisis social y estructural que vive Colombia. Con más del 50% de hogares sin padre y altos índices de trastornos de salud mental, se traza una relación con la violencia y la perpetuación del narcotráfico, que no se resuelve solo con medidas legales o militares.
“Mi Petro no ha leído a Adam Smith, podrá ser mentiroso, populista, pro dictadura venezolana… pero nunca un OFAC ofiuco”, dicen en defensa del presidente citando la sátira de Los Simpson.
El debate está abierto y con presión internacional alta, mientras en Colombia siguen los problemas de fondo en seguridad, política y sociedad que nadie ha logrado resolver todavía.
