La ministra de Finanzas de Escocia, Shona Robison, admitió este domingo que el Gobierno del SNP podría verse obligado a subir el impuesto sobre la renta en su próximo Presupuesto si el Ejecutivo británico reduce su presupuesto público en £1.000 millones.
Robison señaló en BBC Scotland que, aunque la primera ministra escocesa John Swinney había prometido no elevar los impuestos antes de las elecciones, esta postura podría cambiar tras el anuncio del Presupuesto del Reino Unido previsto para el 26 de noviembre.
Esta incertidumbre llega después de que la ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, evalúe subir el impuesto sobre la renta en 2 peniques por libra, a la vez que recorta la contribución a la Seguridad Social en la misma cantidad. Este movimiento podría implicar un recorte de aproximadamente £1.000 millones en el bloque de financiamiento a Escocia bajo el marco fiscal de devoluciones.
“No voy a detallar planes sobre impuestos antes de saber qué enfrentamos el día 26”, dijo Robison. “Si ocurre este escenario, nuestros recursos son muy limitados. La primera petición será que se nos otorgue mayor flexibilidad fiscal, pero en caso de circunstancias excepcionales tendríamos que reconsiderar nuestra estrategia tributaria.”
La competencia para modificar el impuesto sobre la renta es una prerrogativa del Parlamento escocés, y el SNP ya ha subido impuestos para contribuyentes medios y altos en el pasado para mantener su presupuesto.
Por su parte, el Gobierno británico defendió su acuerdo financiero para Escocia, destacando que incluye más de un 20% en financiación per cápita que el resto del Reino Unido. Añadieron inversiones específicas como £8,3 mil millones para energía nuclear y £750 millones para un superordenador en la Universidad de Edimburgo, además de £452 millones destinados a proyectos de crecimiento urbano.
Estas cifras refuerzan, según el Tesoro, la estabilidad económica basada en “reglas fiscales innegociables” que sustentan el crecimiento del Reino Unido.
La reacción del Gobierno escocés muestra la tensión que genera el control central sobre las tasas impositivas y la financiación pública en plena temporada electoral y momentos críticos para las finanzas públicas británicas.
