El Tribunal Superior de Neiva confirmó la prescripción de la acción penal en el caso de sobornos durante la elección del personero y contralor en 2016, lo que desató una nueva crisis judicial.
La Sala Penal ratificó el archivo del proceso contra Heidy Lorena Sánchez Castillo, José Hildebrand Perdomo Fernández, el financista José Rened Cantillo y el contratista Luis Antonio Medina Arias, acusados por cohecho y falsificación de documentos públicos.
Según el magistrado ponente, Alberto Poveda Perdomo, la causa principal fue una falla estructural en la dirección del proceso que generó dilaciones injustificadas, con aplazamientos continuos promovidos por fiscales y defensores. Estas demoras superaron en más de tres años el plazo máximo para juzgar la causa, haciendo que la acción penal prescribiera sin que los hechos fueran juzgados.
El juez encargado, Freddy Peña Ávila, decretó el archivo el 26 de septiembre de 2025 luego de que entre la imputación en 2018 y su decisión transcurrieran 84 meses. Peña Ávila, que asumió el caso en 2022, aseguró que aceleró el proceso, pero no pudo evitar la prescripción debido a la congestión judicial.
Investigación disciplinaria y penal ordenada
El Tribunal no solo archivó el caso, sino que ordenó investigar penal y disciplinariamente a los cuatro jueces que conocieron el expediente, varios fiscales y defensores por posibles actos que habrían provocado la demora y obstrucción a la justicia.
Además, se abrió investigación contra abogados defensores por presunta obstrucción y un posible conflicto de intereses contra Helber Mauricio Sandoval Cumbe, quien defendió a uno de los implicados pese a haber estado vinculado al proceso desde su origen.
La fiscal del caso, Lizeth Chaparro, y el procurador judicial, Gerson Avilés, apelaron el archivo, pero el Tribunal mantuvo la decisión y reiteró la necesidad de sancionar responsables de la morosidad.
Congestión judicial, problema estructural
El mismo juez Peña Ávila justificó las demoras señalando que los juzgados penales de Neiva manejan un volumen de casos casi tres veces superior al promedio nacional, con cerca de 560 procesos activos por despacho en promedio y una sobrecarga que hace imposible cumplir los tiempos legales.
Estadísticas del Consejo Seccional de la Judicatura y la Corte Suprema confirman que pese a la alta eficiencia y productividad del sistema en Huila, la demanda excesiva lo convierte en una carrera cuesta arriba para los jueces.
Expertos y parte de los implicados señalan que la prescripción refleja un fallo del sistema judicial, no una estrategia dilatoria de jueces, que trabajan bajo una estructura con claras limitaciones de planta y coordinación.
El Tribunal instó a la Fiscalía a designar fiscales de apoyo, a la Defensoría a cubrir ausencias y al Consejo Seccional a priorizar este y otros casos para evitar que delitos graves queden impunes por la vía de la prescripción.
Este caso revela las tensiones de un sistema judicial en crisis donde el desgaste institucional deja impunes delitos políticos que sacuden a la ciudad y al país.
