El juez Juan Carlos Peinado ha convertido la investigación contra Begoña Gómez en un procedimiento para juicio ante el Tribunal del Jurado, al considerarla funcionaria pública con responsabilidades penales agravadas.
La decisión se basa en su nombramiento como directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, que la somete al régimen penal más duro por malversación de fondos públicos.
El auto destaca que este estatus también afecta a Cristina Álvarez, asistente de la esposa del presidente, y a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, quienes ahora también serán juzgados por delitos funcionariales.
El juez Peinado señala la existencia de indicios sólidos y racionales de hechos delictivos, apoyados en correos electrónicos aportados por Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de Relaciones Institucionales, que demuestran desviación clara de medios públicos para fines privados.
En uno de esos correos, enviado a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros, se solicita mantener a la empresa como patrocinadora del máster, excediendo las funciones asignadas a las involucradas.
La Audiencia Provincial ya había señalado que las actuaciones iban más allá de un simple apoyo administrativo y apuntaban a un manejo irregular de recursos y patrocinadores, en un contexto de amistad personal entre Álvarez y Gómez que pudo facilitar este nombramiento de máxima confianza.
Además, se mencionan vínculos con empresas del Grupo Barrabés, lo que sugiere un posible patrón delictivo encabezado por Begoña Gómez.
La Ley Orgánica 5/1995 exige que los delitos de funcionarios públicos, como la malversación, sean juzgados por jurado popular, no tribunales profesionales. Esta normativa obliga a la transformación del proceso y eleva la responsabilidad penal de los acusados.
El concepto ampliado de funcionario público engloba las funciones desarrolladas por Gómez y Álvarez, que gestionaban recursos públicos en la Complutense y en Moncloa, lo que abre la puerta a una mayor gravedad en el procedimiento penal.
El magistrado descarta la vulneración de derechos porque el caso surgió tras nueva evidencia tras un archivo inicial de la querella presentada originalmente por Vox en mayo de 2025.
Un proceso que arrancó como un reconocmiento académico con un aparente prestigio y una promesa de negocios ha terminado convirtiéndose en un duro proceso penal con un tribunal popular listo para juzgar.
Las próximas semanas serán clave para la definición de la acusación formal y el calendario del juicio, que podría poner a Begoña Gómez y sus allegados en el centro de un escándalo de corrupción universitaria y política de alto perfil.
