Las protestas continúan desde el 22 de septiembre en Ecuador tras la eliminación del subsidio al diésel impulsada por el presidente Daniel Noboa. La medida elevó el precio del combustible de $1,80 a $2,80 por galón, desatando un paro nacional convocado por la CONAIE, que ya lideró masivas movilizaciones en 2019 y 2022 contra recortes similares.
Esta vez, aunque históricamente Quito fue epicentro de las protestas, la provincia andina de Imbabura se ha convertido en el foco principal, con bloqueos de vías y enfrentamientos. El lunes, cerca de mil personas atacaron un destacamento policial en Otavalo, incendiaron vehículos y dañaron la infraestructura. Al día siguiente, el corte de carreteras en el sur de la provincia provocó la intervención con gas lacrimógeno por parte de la policía.
El miércoles, el presidente Daniel Noboa visitó la zona para entregar bonos sociales, pero fue rechazado por la comunidad, que lo acusó de incentivar la “precarización” por ser “extranjero”, ya que nació en Miami. Noboa calificó las movilizaciones como “actos terroristas disfrazados de protestas”.
En Quito, al menos cinco personas fueron detenidas el martes durante manifestaciones. Un grupo de universitarios marchó hasta la Fiscalía para denunciar arrestos arbitrarios y denunciar la represión policial. En una asamblea improvisada, el abogado Walter Parra afirmó:
“¡Fueron detenciones arbitrarias!”
Los manifestantes bloquearon vías por más de una hora, enfrentándose a la policía en motocicletas mientras protestaban contra la violencia policial durante las movilizaciones. Un estudiante de la Universidad Central de Ecuador (UCE) denunció que la policía atacó a estudiantes, artistas y dirigentes pacíficos.
Entre los detenidos está Carlos Quito, artista que se unió al paro. Los carteles de la marcha rechazaron la acusación gubernamental de terrorismo, señalando que detrás de las protestas hay “pobreza, ignorancia y corrupción”.
También estuvieron presentes miembros voluntarios de una llamada “brigada de primera línea”, que asisten a manifestantes heridos durante las movilizaciones. Este grupo data de 2019, cuando se registraron protestas similares por el mismo motivo.
La crisis migratoria y social cercana obliga a seguir atentos al desarrollo de los bloqueos y la respuesta del gobierno durante los próximos días, mientras el precio del diésel sigue causando rechazo generalizado en sectores indígenas y urbanos.
