Donald Trump respondió con euforia tras la acusación formal contra James Comey, su exdirector del FBI, denunciado por el Ministerio de Justicia de Estados Unidos por falso testimonio ante el Congreso y obstrucción a la justicia.
Comey, que había dirigido la investigación sobre los supuestos vínculos entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y Rusia, se convierte ahora en el blanco directo de la Justicia bajo el mandato del expresidente republicano.
Trump había prometido durante su carrera presidencial vengarse de sus rivales políticos, y esta acción legal parece ser el primer golpe visible. En sus declaraciones públicas, se muestra satisfecho con la imputación como un triunfo personal y político.
Anne Deysine, profesora emérita y experta en política estadounidense de la Universidad Paris-Nanterre, advierte que la Justicia administrada bajo la influencia directa de Trump presenta “un problema serio”, dejando entrever una preocupante politización de la legalidad en EE.UU.
Este giro llega en plena tensión política en Washington, donde las investigaciones sobre interferencias extranjeras y la transparencia en el gobierno continúan polarizando el país. La imputación gravita sobre un exfuncionario clave cuya investigación debilitó la imagen de Trump y marcó su primer mandato.
Hasta ahora, las fuerzas judiciales estadounidenses habían buscado distanciarse de la trinchera política, pero el caso Comey evidencia una batalla abierta en la que la justicia se usa también como arma política.
La acusación incluye cargos por proporcionar información falsa al Congreso durante sus testimonios y por obstruir procesos judiciales relacionados. Comey se enfrenta ahora a un tribunal que decidirá el alcance real de estas imputaciones.
Las repercusiones de esta movida aún son inciertas, pero anticipan nuevos capítulos de confrontación entre los seguidores de Trump y los sectores que defienden una justicia independiente.
