Seis personas fueron detenidas esta semana en San Lucas Tlanichico, Villa de Zaachila, tras operativos simultáneos por un homicidio ocurrido el 16 de abril de 2025. Dos de los arrestados, identificados como G.R.C. y A.C.S., son señalados como responsables directos del asesinato.
Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron cateos en dos domicilios con base en inteligencia criminal. La operación se tornó violenta cuando en el primer sitio los agentes fueron recibidos a tiros. A pesar de la agresión, lograron contener la resistencia y detener a tres personas, incluyendo a M.I.R.A., quien presuntamente disparó contra ellos, y a M.T.C.S., cuya participación aún se investiga.
En la segunda casa, capturaron a A.C.S. y a dos más, I.C.G. y M.A.C.G., quienes estarían involucrados en actividades ilícitas relacionadas.
La víctima fue interceptada en calles de San Lucas Tlanichico y llevada a una zona de sembradíos, donde fue atacada con un arma punzocortante causándole la muerte. La carpeta de investigación destaca que los agresores “actuaron con ventaja”, motivo por el que se integraron órdenes de aprehensión calificadas contra G.R.C. y A.C.S..
En los cateos también se decomisaron dos armas de fuego, una larga, y cartuchos útiles. Según fuentes oficiales, los detenidos podrían estar vinculados a un grupo armado que opera en San Lucas Tlanichico y Santa Inés del Monte, presuntamente relacionado con recientes enfrentamientos en Cuilápam de Guerrero por conflictos agrarios y disputas territoriales.
G.R.C. y A.C.S. son objetivos prioritarios para las autoridades debido a sus supuestos vínculos con delitos de alto impacto en la región de los Valles Centrales de Oaxaca.
Los seis fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal en las próximas horas. Las autoridades reconocen que la operación fue realizada con rigor técnico y legal, pero advierten que la violencia armada persiste en la zona rural y la presencia de grupos criminales complica la seguridad y el control estatal.
Este caso refuerza la problemática de impunidad y conflictos territoriales en Oaxaca, donde la violencia y el crimen organizado se entrelazan, complicando los esfuerzos por pacificar la región.
