La justicia en Francia vivió este jueves un giro histórico con la condena a prisión firme del expresidente Nicolas Sarkozy, dictada por la 32ª cámara correctionnelle de París. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un jefe de Estado saliente recibe una sentencia de este tipo con mandato de depósito, una decisión que está levantando un fuerte debate institucional y político en el país.
El fallo, que impone cinco años de prisión, de los cuales dos son firmes, llega en un caso que la propia corte reconoció carecer de pruebas directas. El tribunal admitió que no se probó la corrupción ni financiamiento ilegal durante la campaña presidencial de 2007, ni tampoco un enriquecimiento personal vinculado.
Lo que sostiene la condena es el cargo de “asociación de malhechores”, una calificación legal que normalmente se reserva a crímenes graves como terrorismo o mafias, nunca antes usada en un asunto político – financiero. Según los jueces, se dedujo la intención criminal por asociación, aplicando un “no podía no saber”, aunque sin evidencias concretas que vinculen a Sarkozy directamente con sus colaboradores implicados.
Entre esos colaboradores están Claude Guéant y Brice Hortefeux, acusados de vínculos con el dignatario libio Abdallah Senoussi, condenado a cadena perpetua por terrorismo en Francia. Sin embargo, ni siquiera en estos lazos hay pruebas fehacientes de que Sarkozy participó o aprobó las acciones.
El panorama se complica porque la condena incluye un mandato de depósito diferido, una medida excepcional que permite la ejecución de la pena antes de resolverse la apelación, contraviniendo el principio básico del doble grado de jurisdicción y la presunción de inocencia. El expresidente ya ha anunciado que apelará.
El senador de Los Republicanos Stéphane Le Rudulier denunció que esta condena es un “desastre institucional” y pidió al presidente Emmanuel Macron que ejerza su derecho de gracia presidencial, al menos para suspender la ejecución de la pena mientras se resuelve el recurso.
«Este caso ya no tiene que ver con la justicia, sino con una guerra de desgaste y una venganza institucionalizada»
Le Rudulier subrayó que sin pruebas tangibles, enviar a prisión a un expresidente amenaza el respeto mismo a las instituciones y a la democracia francesa. Destacó que la prensa extranjera también calificó la sentencia como un “shock para la República”.
En este contexto, la comparecencia de Sarkozy ante la justicia y la reacción política coloca a Francia en una encrucijada histórica sobre cómo tratar a sus antiguos mandatarios.
Se espera que en próximas semanas se conozca la resolución de la apelación, mientras crece la presión política para evitar una ejecución inmediata de la condena que podría marcar un antes y un después en la jurisprudencia y el equilibrio entre política y justicia en Francia.
