La Justicia federal rechazó el pedido de nulidad presentado por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en la causa que los investiga por irregularidades en compras millonarias hechas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El juez Sebastián Casanello desestimó las argumentaciones legales de la defensa, que sostenía que el caso ya había sido investigado y cerrado en febrero, configurando así una situación de “cosa juzgada”. Casanello estuvo del lado del fiscal Franco Picardi, quien se había opuesto días atrás a la nulidad.
La causa arrancó a fines de agosto luego de la denuncia de Alejandro Díaz Pascual, de la asociación Arco Social, quien puso bajo la lupa contratos por unos 30 mil millones de dólares realizados por ANDIS a Suizo Argentina sin licitación pública previa.
El abogado defensor, Martín Magram, asegura que el expediente anterior fue archivado y cuestionó la rigurosidad de los procedimientos ordenados por Casanello, en particular los allanamientos en la sede de la droguería, que generaron incertidumbre sobre la continuidad operativa de la empresa.
“La orden niñaba muchísima información. Lo que se llevaron pone en jaque el funcionamiento de la firma”
Magram también explicó que los hermanos se negaron a entregar las contraseñas de sus teléfonos por motivos de privacidad. “Un celular tiene información sensible. No lo hacen porque tienen algo que esconder, pero están expuestos a un escarnio público con fotos de sus hijos o videos íntimos, como uno donde Eduardo Kovalivker lee poesía”, dijo.
El análisis del material secuestrado está en etapa preliminar. Hasta el momento no se estableció ninguna irregularidad concreta en el origen de los fondos afectados a las compras. Desde la consultora Suizo Argentina aseguraron que no existen sobreprecios ni irregularidades en los contratos.
La defensa podrá apelar la decisión ante la Cámara Federal, mientras la causa sigue su curso con gran expectativa sobre el impacto que pueda tener en el sector farmacéutico y en la gestión pública de fondos para discapacitados.
