Una compleja investigación en Italia pone en el centro del debate el posible vínculo de corrupción entre autoridades policiales y un joven acusado en el pasado de un asesinato emblemático en Pavía. El caso gira alrededor de Andrea Sempio, quien fue investigado y luego archivado por el homicidio de Chiara Poggi, y las sospechas sobre la colaboración irregular entre él, sus padres y dos excarabinieros involucrados en el manejo original de la causa.
Interceptaciones y frases clave reavivan sospechas
De acuerdo con la Fiscalía de Brescia, entre el 8 y el 23 de febrero de 2017, se interceptaron conversaciones telefónicas y mensajes a bordo del coche de Sempio, incluyendo diálogos con su padre y frecuentes referencias de pagos a “esos señores”. Esta frase, originalmente no transcrita ni reconocida judicialmente, se ha convertido en un indicio para los investigadores, sugiriendo la posible existencia de sobornos o pagos irregulares a funcionarios públicos vinculados a la instrucción del caso.
Los fiscales están particularmente interesados en esclarecer el papel de dos excarabinieros destacados: el exmariscal Giuseppe Spoto y el exluogoteniente Silvio Sapone. Aunque no están formalmente acusados, la relación poco clara entre ellos y Sempio, además de la prematura información con la que aparentemente contaba el joven antes de ser interrogado, ha alarmado a los investigadores.
Relaciones opacas y visitas inesperadas
El decreto judicial detalla que poco antes del primer interrogatorio, Sempio y sus familiares mantuvieron contactos “no informados” con los dos excarabinieros. Un dato que inquieta a la Fiscalía: Spoto notificó formalmente la citación a Sempio este mismo día, pero no registró ese acto hasta una hora después, lo que aumenta la sospecha sobre la naturaleza de su visita prolongada a la vivienda del joven. Este comportamiento, calificado como “incompatible” con una simple notificación, podría respaldar la hipótesis de una protección irregular.
Además, Sapone mantuvo vínculos considerables con el procurador adjunto por entonces, Andrea Venditti, quien fue uno de los responsables del archivo inicial del caso. Entre los hallazgos figura que Sapone tuvo contacto con Sempio días antes de la notificación, sin que existiera un motivo jurídico legítimo o una causa específica para esta comunicación.
Contexto de la investigación y archivos previos
Andrea Sempio, de 18 años al momento del crimen, era conocido en la zona y amigo del hermano de la víctima, Marco Poggi. El primer archivo judicial sobre su implicación fue firmado el 28 de marzo de 2017 por el juez Fabio Lambertucci, tras un informe que no encontró pruebas concluyentes. Venditti defendió su actuación diciendo que las pruebas, incluidas huellas controvertidas, eran insuficientes para sostener la acusación.
En 2020 se abrió un nuevo expediente tras una información del Nucleo investigativo de los carabinieri de Milán, que fue cerrado en plazos muy cortos, confirmando la exclusión de Sempio.
Continuidad de las investigaciones y balance actual
La Fiscalía de Brescia amplió la pesquisa para determinar si la “red” que aseguró cobertura y protección a Sempio fue más extensa, incluyendo otros funcionarios que podrían estar implicados en corrupción. La lista de nueve personas peritadas recientemente incluye a Spoto y Sapone, quienes rindieron declaraciones ante la Guardia di Finanza de Pavía bajo la supervisión de los fiscales brescianos.
“No estoy preocupado”, declaró Spoto al salir de la inspección, mientras su abogado insistió en que solo fue testigo y que la llamada fue para recoger información.
La fiscalía mantiene el foco en aclarar las irregularidades detectadas en la gestión de la investigación original del homicidio de Chiara Poggi y deslindar responsabilidades en la presunta connivencia entre investigados e investigadores. Se analiza además si la familia de Sempio fue avisada del curso de la investigación antes de que su hijo fuera formalmente imputado, lo que le habría permitido prepararse para los interrogatorios.
Este caso expone, una vez más, el delicado equilibrio entre investigación judicial y posible interferencia de fuerzas policiales con relaciones poco transparentes. Las autoridades italianas mantendrán una vigilancia estricta en próximos interrogatorios y peritajes para esclarecer posibles mecanismos de corrupción dentro del sistema judicial y policial.
