El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado el recurso de Airbnb y ratificado por segunda vez las medidas cautelares del Ministerio de Consumo para retirar casi 35.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en su plataforma. La resolución se emitió esta semana y confirma que la multinacional debe eliminar de inmediato todas las ofertas sin licencia válida ni la debida información legal.
La polémica comenzó a finales de 2024, cuando la Dirección General de Consumo, liderada por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, detectó que Airbnb publicitaba más de 65.000 anuncios que incumplían la ley española. Estos pisos no mostraban el número oficial de licencia turística, usaban números falsos o no aclaraban si los arrendadores eran profesionales o particulares, una información clave para la protección del consumidor.
El TSJM ya había avalado en mayo la retirada de una primera tanda de 5.800 anuncios. Ahora amplía ese respaldo a la segunda medida, que afecta a 34.728 anuncios. La tercera resolución, que incluye el resto de ofertas ilegales, no ha sido recurrida.
Tras el primer respaldo judicial, Airbnb retiró todas estas publicaciones en julio, pero siguió resistiendo en los tribunales. El último auto del TSJM vuelve a tumbar sus defensas y reafirma que ninguna empresa, por grande que sea, puede eludir la ley en España.
«Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares», dijo Bustinduy.
La Dirección General de Consumo mantiene abiertos expedientes sancionadores contra grandes gestoras de pisos turísticos y agencias inmobiliarias acusadas de prácticas abusivas o engañosas, en línea con la lucha contra la crisis habitacional en España.
El Ministerio insiste en que el requisito legal de incluir el número de licencia en cualquier publicidad turística es básico para impedir el fraude y proteger a los usuarios. En este contexto, el fallo del TSJM supone una clara señal de que la justicia española respalda los controles sobre plataformas digitales y sus ofertas ilegales.
La batalla legal de Airbnb en España por el cumplimiento normativo continúa, pero sobre el papel ha sufrido un duro revés con esta confirmación judicial. Las autoridades españolas redoblan esfuerzos para frenar la proliferación de pisos turísticos irregulares que tensionan el mercado de la vivienda.
