Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), se disculpó públicamente con las familias de las 40 personas que murieron en un incendio dentro de una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, en marzo de 2023.
La tragedia marcó uno de los episodios más graves para la gestión migratoria en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. El fuego dejó además 27 personas lesionadas. Videos de la estación mostraron las condiciones deplorables en que vivían los migrantes: sin agua potable, alimentos, salidas de emergencia ni protocolos de seguridad básicos.
La disculpa pública se dio tras una resolución judicial que le ordenó a Garduño cumplir seis requisitos, entre ellos ofrecer disculpas y realizar una reparación económica a las víctimas. Si cumple, quedaría absuelto. Garduño salió del cargo hace cuatro meses pero recién ayer realizó el acto de “recuperación de la memoria”.
“Me encuentro en acto de recuperación de la memoria, reconociendo la dignidad de las víctimas para garantizar la reparación del daño y evitar que se repitan hechos,” dijo Garduño, citando a 20 de las víctimas mortales por su nombre.
El excomisionado reconoció que hubo violaciones graves a los derechos humanos y que el personal de Migración actuó con omisiones. “Se debió garantizar la seguridad de las personas”, agregó, pero admitió que no hubo medidas adecuadas.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación penal tras el incendio. En 2023, determinó que hay elementos para procesar a Garduño por ejercicio ilícito del servicio público. Se le acusa de omisiones graves que derivaron en la falta de protección para los migrantes detenidos.
Claudia Varela, en representación de las familias, rechazó aceptar la disculpa mientras no haya “investigación exhaustiva, independiente y transparente” que identifique a todos los responsables. Su hermano Daniel de Jesús Varela murió en el incendio mientras intentaba migrar desde El Salvador.
“No podemos aceptar esta disculpa sin justicia real, atención médica y una reforma migratoria que deje de criminalizar a los migrantes,” dijo Varela.
Organizaciones como la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), la Clínica Jurídica para Refugiados y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) calificaron la disculpa como un primer paso simbólico, pero insuficiente para cerrar el caso. Reiteraron que aún hay mujeres sobrevivientes que no han sido reconocidas como víctimas y no han recibido compensación.
Pidieron al Estado mexicano modificar su política migratoria, eliminar la detención de migrantes y garantizar medidas para evitar que hechos similares vuelvan a suceder. Las 82 víctimas directas estaban bajo custodia estatal, y según estas organizaciones, el Estado tiene responsabilidad plena en la tragedia.
La crisis en Ciudad Juárez muestra el desgaste y riesgo humanitario en estaciones migratorias mexicanas, donde la falta de protocolos y la negligencia han dejado un saldo fatal. Por ahora, las exigencias de justicia y atención integral persisten mientras Garduño cumple sus compromisos legales.
