El primer ministro francés Sébastien Lecornu anunció este viernes su intención de reformar el sistema de rupturas convencionales, acusado de ser excesivamente costoso para el seguro de desempleo. Según fuentes oficiales, en 2024 más de 514,000 empleados han abandonado sus contratos de forma acordada, generando un gasto de unos 10.000 millones de euros, el mayor en la historia de las indemnizaciones del desempleo.
Creada en 2008, esta fórmula permite a trabajadores con al menos seis meses de antigüedad finalizar su CDI con consentimiento de la empresa, cobrando indemnización y prestaciones por desempleo, a diferencia de una dimisión tradicional. Muy popular en pymes y pequeñas empresas, el sistema está ahora en la mira del Ejecutivo que busca reducir el déficit para el presupuesto de 2026.
Lecornu pretende “atacar los abusos” junto con los socios sociales para que el mecanismo sea “menos atractivo”. Entre las propuestas en estudio está el aumento de la contribución patronal en las indemnizaciones, que pasaría del 30% al 40%, la extensión del período de carencia previo a la indemnización y la reducción de la duración de las ayudas para desempleados.
Las voces críticas ya se alzan. El economista Bruno Coquet, del Observatorio francés de las coyunturas económicas (OFCE), advierte falta de datos claros sobre abusos, y teme que se penalice a quienes usan legítimamente el recurso. También apunta riesgos de un aumento de litigios laborales y un posible disfraz de despidos como personales para evadir controles.
Por su parte, Fabienne Rouchy, secretaria federal de la CGT, rechaza las medidas y denuncia que cargarían a los trabajadores con mayor precariedad. Propone alternativas para aumentar ingresos públicos como la aplicación de la llamada “tasa Zucman” o la restitución del impuesto de fortuna.
Una opción más radical sugerida por Coquet sería endurecer los requisitos de acceso a la indemnización, por ejemplo, exigir cinco años de cotización en los últimos diez. Esto afectaría fundamentalmente a jóvenes menores de 35 años, casi la mitad de los beneficiarios actuales, y agrandaría las dificultades laborales de este grupo.
El gobierno debe decidir pronto. Mientras, sindicatos y economistas advierten que un ajuste sin diagnóstico claro podría aumentar conflictos laborales y no garantizar ahorros reales. Las rupturas convencionales, pilar del mercado de trabajo francés, están en el ojo del huracán justo cuando el Ejecutivo combate la inflación y la deuda pública.
