Desde el 25 de junio entró en vigencia la Ley 2466 de 2025, que introduce cambios claves en la regulación laboral para empleadas domésticas en Colombia.
El abogado laboralista Charles Chapman explicó que la reforma obliga a formalizar la relación laboral con un contrato por escrito, ya sea por días, semanas o jornada completa. Además, este contrato deberá registrarse en una plataforma que el Gobierno debe crear, aunque aún no está disponible.
Chapman aclaró que las empleadas domésticas son reconocidas como trabajadoras con todos los derechos laborales vigentes. Esto incluye el pago de un salario no inferior al salario mínimo mensual vigente (SMLMV), prestaciones sociales completas y beneficios como el auxilio de transporte para quienes ganen menos de dos salarios mínimos.
La jornada máxima legal aplica igual que para otros trabajadores: 8 horas diarias y 44 semanales. Si trabajan menos, el salario se ajusta proporcionalmente. El valor de la hora quedó en $6.470 COP y el día laboral en $47.450 COP si se paga el mínimo.
En cuanto a la seguridad social, si la empleada devenga el salario mínimo o menos, el empleador debe hacer aportes proporcionales a pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar, tal como lo establece el Decreto 2616 y la Ley 2381 de 2024, que permiten la afiliación parcial para trabajadores de tiempo reducido.
Estos cambios no modifican derechos básicos, sino que refuerzan la obligatoriedad de formalizar y registrar los contratos para que las empleadas domésticas accedan a todos los beneficios legales.
El Ministerio del Trabajo puede sancionar a quienes no cumplan, cobrando multas o investigando denuncias que presenten las trabajadoras. Además, la afiliación a la seguridad social debe ser proporcional al tiempo laborado; si una empleada trabaja sólo una semana en el mes, se cotiza ese periodo.
Chapman recordó que esta norma actualiza formalidades internas y protege aún más a las empleadas domésticas, que históricamente fueron contratadas informalmente y con menos garantías.
Los empleadores deben prepararse ya para estos cambios: contratos escritos, registros y pago justo son ahora un mandato legal bajo pena de sanciones.
