La violencia entre grupos armados ilegales en Colombia se ha recrudecido en 2025 según un informe de inteligencia del Ejército Nacional al que tuvo acceso SEMANA.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, entre otros grupos, libran una guerra sangrienta por corredores de narcotráfico, economías ilegales y el control de comunidades clave. La región del San Juan, en Chocó, se ha convertido en un epicentro donde ELN y Clan del Golfo pelean ferozmente las rutas del narcotráfico.
En el sur de Bolívar y Antioquia entran en escena las disidencias de las Farc, mientras que en Catatumbo un grupo armado conocido como alias Calarcá enfrenta al ELN por el dominio territorial y de cultivos ilegales en la frontera con Venezuela.
El Magdalena registra una disputa entre Clan del Golfo y Los Pachenca (ACSN), con un aumento de asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. En Arauca, la confrontación es entre ELN y las disidencias de Mordisco por las ganancias en la frontera con Venezuela.
Vichada también enfrenta una situación crítica: los ríos Meta, Tuparro e Inírida se han convertido en corredores estratégicos para el narcotráfico y contrabando con alianzas entre ELN y disidencias. El Cauca sufre enfrentamientos entre estructuras como Dagoberto Ramos, Frente 57, y grupos en el Cañón del Micay involucrados en el control de cultivos ilícitos.
Otras regiones calientes son Nariño, con disputas por rutas hacia el Pacífico entre las disidencias; la frontera entre Meta y Guaviare con peleas entre Calarcá y Mordisco; y en la zona limítrofe entre Putumayo y Caquetá, donde Comando de Frontera y Carolina Ramírez mantienen choques armados.
El informe refleja un aumento constante de hechos violentos a pesar de operaciones militares recientes. Luis Fernando Trejos Rosero, experto en conflictos de la Universidad del Norte, señala que la fallida política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro facilitó que los grupos armados desplazaran el conflicto hacia sí mismos, dejando de lado la confrontación directa con la fuerza pública.
“Los grupos armados dejaron de confrontar a la fuerza pública, que es su principal enemigo, y se concentraron en enfrentarse entre ellos mismos,” explicó Trejos a SEMANA.
Esta guerra entre grupos ilegales ha desatado una crisis humanitaria: desplazan comunidades, reclutan niños, extorsionan y atacan a líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.
Las víctimas son las poblaciones rurales que, en muchas zonas del país, reviven el horror y la incertidumbre de los conflictos armados sin que hasta ahora se vea un plan eficaz para frenar la ola de violencia.
