El sistema actual de gestión de la energía eólica en el Reino Unido está elevando las facturas eléctricas y se prevé que siga haciéndolo, advierten analistas y operadores del sector. La causa principal: pagos millonarios a parques eólicos que deben detener su producción cuando la red no puede transportar la electricidad, especialmente del norte hacia el sur.
El operador nacional NESO calcula que el costo por esta “energía desperdiciada” podría alcanzar los 10,7 mil millones de dólares para 2030. Durante el invierno 2023-2024, estos pagos de restricción supusieron casi el 60% de los gastos de equilibrio de la red, y subieron un 3,4% la factura anual promedio del hogar, unos 46 dólares.
Estas indemnizaciones, financiadas por una tasa añadida a los consumidores, ocurren porque la mayoría de turbinas están en Escocia, donde el viento sopla fuerte pero la demanda mayor está en el sur de Inglaterra. Cuando hay exceso, NESO ordena detener algunas turbinas y compra electricidad de respaldo, generalmente a centrales de gas más cercanas.
Kathryn Porter, consultora energética, califica estos pagos como “perfectamente escandalosos”. En la misma línea, Greg Jackson, CEO de Octopus Energy, denuncia un “sistema mafioso” en detrimento de los contribuyentes.
En contraste, el gobierno británico sostiene que la energía eólica es clave para su objetivo de lograr la neutralidad carbono para 2050. Keir Starmer afirmó que el plan busca asegurar el suministro, reducir dependencias y bajar facturas. Ed Miliband, secretario de energía, asegura que cada turbina nueva protege contra futuros shocks de los combustibles fósiles.
Para financiar la inversión, el Reino Unido usa contratos de largo plazo llamados “Contracts for Difference” (CfDs) que garantizan precios mínimos a desarrolladores como Ørsted, SSE o Equinor. Sin embargo, estos contratos no solucionan los bloqueos en la red. Si la capacidad está saturada, las eólicas deben parar y siguen cobrando, mientras el sistema recurre a centrales convencionales.
Expertos creen que el modelo actual está atrapando al país en costos crecientes. Harry Wilkinson, de la Global Warming Policy Foundation, alerta que las condiciones contractuales actuales permiten a los parques trasladar al consumidor gastos no solo por cortes, sino por la intermitencia misma de la eólica.
En la opinión pública, el apoyo hacia las renovables se mantiene alto: un sondeo YouGov mostró un 80% de británicos a favor de nuevas instalaciones limpias. Pero cuatro de cada diez admiten dificultades para pagar sus facturas al menos ocasionalmente.
La consultora Porter señala que el problema nace en la política “Connect and Manage”, que permitió conectar parques eólicos sin mejorar infraestructura de transporte. Como resultado, algunos parques, como Seagreen inaugurado en 2023, tuvieron que parar dos tercios de su producción en 2024, un doble pago para consumidores.
El Reino Unido lidera la capacidad eólica offshore tras China, con 31 GW instalados, y espera triplicar esta capacidad para 2030. Pero la dependencia de importaciones de componentes, principalmente desde Dinamarca, Alemania y China, genera preocupación por seguridad y sostenibilidad.
El debate sobre energía también revive el rol del nuclear. El gobierno aprobó en julio la planta Sizewell C, con un coste de 68 mil millones de dólares, buscando diversificar la matriz y complementarla con reactores modulares junto a EE.UU.
La situación deja en evidencia la urgencia de reformar el modelo eólico para mejorar la competencia y evitar que el consumidor siga pagando por la ineficiencia del sistema y la falta de infraestructuras adecuadas.
