Un nuevo asesinato sacudió a Cali y al Valle del Cauca este sábado 27 de septiembre, cuando fue asesinado Luis Ernesto Sánchez, docente y líder social reconocido en El Cerrito. El crimen ocurrió en el barrio Las Granjas de Cali mientras Sánchez se movilizaba en un taxi, según confirmaron organizaciones sociales.
Sánchez trabajaba hace dos décadas en la Institución Educativa Hernando Borrero Cuadros en Tenerife, El Cerrito, donde no solo impartía clases sino que lideraba un aula tecnológica para prevenir el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales. Su muerte llega en medio de una creciente violencia contra defensores de derechos humanos en el suroccidente colombiano.
La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lamentó el crimen y destacó que solo horas antes había compartido con Sánchez en un evento sobre educación socioemocional en Buga. “Es un hecho que causa especial dolor… pido celeridad en la investigación para dar con los responsables”, dijo la mandataria regional.
La Defensoría del Pueblo ha señalado a Cali como un epicentro del crimen organizado y del reclutamiento forzado de jóvenes, mencionando además el actuar de grupos como el ELN, disidencias de las Farc, y el Clan del Golfo en la región. Según la alerta temprana 012/25, la ciudad se ha convertido en plataforma criminal y refugio del suroccidente.
Organizaciones como Indepaz remarcaron la importancia del trabajo de Sánchez en la prevención del reclutamiento infantil, un problema que azota a la zona. La comunidad asegura que no había recibido amenazas previas, intensificando la preocupación por la seguridad de líderes sociales en el Valle.
Hasta ahora este año, el número de homicidios de líderes sociales en Colombia alcanza los 150, una cifra alarmante que refleja la vulnerabilidad de quienes defienden derechos y educación. El asesinato de Sánchez se suma a esta crisis sin que las autoridades hayan hecho públicos avances sobre los responsables.
La Subdirectiva Sutev El Cerrito rechazó el hecho y exigió al Estado garantías reales para la vida y seguridad de los maestros, sectores vitales para la paz y desarrollo del país.
Las investigaciones continúan mientras la comunidad educativa y social exige justicia urgente y protección para quienes enfrentan la violencia en el Valle del Cauca.
