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Crecen ataques a sedes del PSOE y Podemos en varias provincias españolas

Los ataques a sedes de partidos políticos en España aumentan sin recibir la atención mediática que merecen.

Los ataques a sedes de partidos políticos en España aumentan sin recibir la atención mediática que merecen. El 25 de abril la sede del PSOE en Santander fue blanco de un ataque que pudo causar daños graves, según Laro García, director de elDiario.es Cantabria.

En los últimos cinco años, se repiten agresiones contra sedes del PSOE en distintas regiones: Llanera (Asturias), Rivas y Leganés (Madrid), León y especialmente Valencia, donde los ataques a la izquierda han aumentado.

El periodista valenciano Toni Cuquerella señala que estos hechos pasan desapercibidos frente a otras protestas con mayor cobertura mediática, pero la violencia contra los partidos políticos persiste.

El episodio también recuerda el ataque a la sede de Podemos en Cartagena en 2021, en palabras de la periodista Elisa Almagro, otro ejemplo de un fenómeno extendido pero poco visibilizado en los medios.

Aunque España atravesó décadas convulsas con terrorismo y golpes de Estado, actualmente no vive esos extremos, pero la violencia contra la infraestructura política sigue siendo un problema. Estos ataques generan preocupación sobre la seguridad de la actividad política y el respeto al pluralismo.

Hasta ahora, estos incidentes no han generado grandes operaciones policiales ni una respuesta pública en bloque. Expertos y periodistas insisten en la necesidad de poner en el foco esta violencia latente para evitar que escale.

El balance muestra un patrón: sedes locales de partidos de izquierda son mayoritariamente las afectadas, pero la cuestión aún queda fuera del debate público intenso, eclipsada por otros temas.

La denuncia llega a través del podcast ‘Un tema al día’ de elDiario.es, donde se analizan estos ataques con testimonios directos y se recuerda la importancia de vigilar y denunciar este tipo de violencia política.

Las autoridades aún no han ofrecido cifras oficiales ni protocolos específicos para proteger estos espacios, mientras la sociedad percibe un aumento de episodios que dificultan la normalidad democrática.

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