La Metropolitan Police de Londres inició una consulta para obligar a sus agentes a declarar si pertenecen a la masonería, una propuesta que ha generado rechazo de la policía y genera un intenso debate sobre derechos humanos.
La Federación de Oficiales de la Met, el sindicato policial más grande del Reino Unido, ha rechazado la idea. Su secretario general, Matt Cane, la calificó como “innecesaria y errónea” y advirtió que podría violar los derechos de los agentes protegidos por los artículos 8 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantizan la privacidad y la libertad de asociación.
“La Federación se opondrá y desafiará cualquier proceso punitivo que imponga esta medida”, dijo Cane.
Actualmente, la Met no recoge datos sobre cuántos policías son masones ni los prohíbe. Pero sí existe preocupación entre algunos oficiales y personal sobre cómo la membresía en la masonería puede influir en investigaciones, promociones o procesos disciplinarios, según explicó el comandante Simon Messinger.
El debate vuelve a tomar fuerza tras recomendarlo el informe independiente sobre el caso Daniel Morgan, un detective privado asesinado con un hacha en 1987 en Londres. Varias investigaciones señalaron sospechas de corrupción policial y relaciones conflictivas dentro del cuerpo vinculadas a organizaciones cerradas como la masonería.
La propuesta permitiría añadir a la masonería en una lista de asociaciones declarables ya existente que incluye profesiones como la investigación privada o la prensa, y personas con antecedentes judiciales. Ahora los oficiales tendrían que informar si pertenecen a la masonería para evitar conflictos de interés o dudas sobre su imparcialidad.
El alcalde de Londres, Sir Sadiq Khan, responsable de la dirección estratégica de la policía, ya descartó antes que esa declaración sea obligatoria porque podría chocar con derechos humanos, posición que la federación respalda.
La Met dialogará con la United Grand Lodge of England, la sede nacional de la masonería, para escuchar su posición. La fuerza policial asegura contar ahora con uno de los controles de entrada más estrictos de Reino Unido, con una tasa de rechazo que subió del 5% en 2020-21 al 11% en el último año.
El resultado de la consulta aún no está definido y la polémica sigue, con dudas sobre qué otras asociaciones podrían pedirse declarar en el futuro, desde clubes sociales hasta religiosos.
