Andalucía aplicó una multa de apenas 1,500 euros a IGG Inmobiliaria por cobrar honorarios ilegales a inquilinos en la gestión y formalización de contratos, una práctica prohibida por la ley estatal desde hace dos años.
La sanción inicial propuesta era de 7,000 euros, considerada una infracción grave. Sin embargo, la jefa del Servicio de Consumo en Sevilla, Isabel María García Domínguez, la redujo a una infracción leve alegando que la multa era “desproporcionada”.
FACUA-Consumidores en Acción, que denunció a la empresa, calificó la reducción como inexplicable y presentó un recurso para que se eleve la multa y se clasifique la infracción como grave, la que puede alcanzar hasta 60,000 euros. La asociación también exige el comiso del beneficio ilícito, algo que la Junta no ha aplicado.
Esta sanción es apenas la segunda que se conozca en dos años desde la entrada en vigor de la reforma que prohíbe a inmobiliarias cargar honorarios a los inquilinos. La primera multa, también en Andalucía, fue de 600 euros a Adamas Home.
El Ministerio de Derechos Sociales advirtió que cobrar “gastos de formalización y gestión” es una infracción grave y que las multas pueden superar los 100,000 euros si se aplican multas estatales.
La inspección realizada a IGG en octubre pasado confirmó que las cláusulas abusivas seguían vigentes en sus anuncios, donde advertían que “no están incluidos en el precio los gastos de servicios, intermediación o personal shopper inmobiliario más IVA”. Posteriormente a la multa, IGG eliminó estas cláusulas.
La ley estatal y la andaluza establecen que los gastos de gestión y formalización son responsabilidad del arrendador, no del inquilino. FACUA insiste en que estas prácticas son fraudulentas y reiteradas, y exigen sanciones ejemplares para frenar el abuso.
Hasta ahora, ninguna otra comunidad autónoma ha hecho públicas sanciones por esta infracción, pese a las numerosas denuncias recibidas. Andalucía mantiene una postura permisiva que la hace foco de críticas por proteger más a las inmobiliarias que a los consumidores.
Este caso pone en evidencia la escasa voluntad de la autoridad para aplicar multas proporcionales al daño económico causado a miles de inquilinos en España. El recurso de FACUA busca revertir esta práctica y exigir multas contundentes y la devolución a los afectados.
