Los exjefes del último Secretariado de las Farc comenzaron a cumplir la sanción restaurativa impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este fin de semana en Bogotá. Por primera vez, víctimas de secuestro y comparecientes del Caso 01 se reunieron para acordar los proyectos de reparación que deben ejecutar como parte de la condena judicial.
El encuentro, que se extendió todo el día y marcará el inicio de varios más, se realizó en la sede de la JEP bajo la supervisión del magistrado ponente Camilo Suárez Aldana. En esta reunión se pusieron sobre la mesa iniciativas concretas, que incluyen memoria histórica, reparación comunitaria y restauración ambiental, con el fin de construir una ruta de reconciliación y atender el daño ocasionado a las víctimas.
Participaron reconocidos exlíderes Farc como Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda, junto con víctimas emblemáticas: Danilo Conta, Héctor Horacio Mahecha, Élmer Caviedes y Diva Cristina Díaz. La Fundación Revipaz, creada en 2022 por un grupo mixto de víctimas y comparecientes, es la primera organización encargada de diseñar y ejecutar estos proyectos.
El mandato de la JEP es claro: las sanciones restaurativas no se cumplen en el anonimato ni como un mero trámite judicial, sino con la participación activa y pública de quienes sufrieron los secuestros. Esto implica que los excombatientes deben trabajar en distintos territorios afectados, con horarios y tareas definidas por la Sección de Reconocimiento de Verdad que lidera el proceso.
Además, entidades estatales como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Procuraduría General y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presidida por Raúl Rosende, acompañaron el proceso para garantizar transparencia y respaldo institucional.
Según el cronograma acordado, en próximas sesiones la Fundación Revipaz presentará un listado detallado de proyectos restaurativos y planes de ejecución que la JEP evaluará para certificar el cumplimiento de la sanción. Estas iniciativas buscarán no solo reparar a las víctimas, sino impedir la repetición de estos delitos en el futuro.
La Fiscalía Especial para la Paz mantiene abiertos cinco macrocasos contra estos comparecientes, donde deben seguir aportando verdad y responsabilidad. La JEP insiste en que las sanciones propias buscan abrir caminos de verdad y reconciliación para la sociedad colombiana en su conjunto y no solo castigar.
Este primer paso marca una transformación concreta en la justicia transicional colombiana, poniendo a las víctimas en el centro y plasmando en acciones reales la sentencia restaurativa emitida el 16 de septiembre. Los avances serán claves para medir la efectividad y el alcance de la paz firmada hace años.
