Más de 100 conductores de carrotanques protestaron esta semana en las oficinas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Bogotá, exigiendo el pago de un contrato atrasado desde hace 19 meses.
El contrato, firmado para transportar agua a comunidades afectadas por emergencias en Córdoba, Sucre, Buenaventura y Bolívar, todavía no ha sido pagado. Los conductores aseguran que jamás recibieron anticipos ni pagos parciales, pese al compromiso de la UNGRD de cancelar un primer desembolso cuando se ejecutara el 40% del contrato.
“No nos giraron ningún tipo de recurso; nosotros, para arrancar el trabajo, no recibimos ningún anticipo ni pagos parciales,” dijo Camilo Suárez, vocero del grupo de conductores.
La UNGRD explicó que la demora se debe a que autoridades judiciales deben definir la legalidad y validez del contrato. La polémica está centrada en un paquete de contratos por cerca de $23.000 millones firmados con la empresa MaquiSabana, vinculada a investigaciones por presunta corrupción durante la administración de los exdirectores Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, aclaró en entrevista con Blu Radio que la entidad no tiene obligaciones contractuales directas con los conductores, y que los pagos dependen del estado legal del contrato con MaquiSabana, empresa de Sabana de Torres, mismo municipio donde fue alcalde Pinilla.
“Son varios contratos que suman alrededor de 23.000 millones de pesos; hay señalamientos por presunta corrupción,” explicó Carrillo.
La empresa MaquiSabana confirmó que la Fiscalía ya realizó diligencias de verificación en sus sedes como parte de las investigaciones. A su vez, sostiene que siguen exigiendo el pago justo por los servicios prestados y denuncian que las acusaciones afectan directamente su operatividad.
La protesta pone en evidencia los vacíos legales y el impacto directo en cientos de trabajadores que prestaron un servicio esencial durante emergencias sin recibir lo pactado por casi dos años. La UNGRD se compromete a cumplir lo que dicte la justicia una vez haya una definición clara sobre la validez del contrato.
Este caso se suma a una cadena de denuncias de irregularidades y presuntos actos corruptos vinculados a contratos en entidades públicas de riesgo, que mantienen en suspenso el pago a proveedores y afectan el trabajo de miles en regiones vulnerables.
