Vladimir Putin firmó este lunes la ley que retira oficialmente a Rusia de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura, un tratado clave del Consejo de Europa para evitar abusos en las prisiones.
Rusia había sido excluida del Consejo en marzo de 2022 tras su invasión a Ucrania. Ahora, el Kremlin da un paso más allá y abandona uno de los pocos mecanismos internacionales que supervisaban el trato a los detenidos rusos.
El parlamento ruso aprobó previamente la ley, acusando al Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, de “discriminación” hacia Moscú. Según las autoridades rusas, la retirada no afectará a los derechos de sus ciudadanos y aseguran que siguen “comprometidos con sus obligaciones internacionales en derechos humanos”.
Pero la comunidad internacional está alarmada. Dos relatores especiales de las Naciones Unidas señalaron en septiembre que este paso genera “alertas rojas” sobre el trato en cárceles y centros de detención rusos. ONG y medios independientes han denunciado torturas sistemáticas, sobre todo a prisioneros ucranianos.
Un informe reciente de la OSCE documenta “violaciones graves” contra presos de guerra ucranianos en Rusia que podrían constituir crímenes de guerra, e incluso crímenes contra la humanidad. Entre estos abusos están torturas y ejecuciones arbitrarias, algunas tras rendición.
La Convención Europea para la Prevención de la Tortura, ratificada por 46 países, permite inspecciones sorpresa en centros de privación de libertad para evitar tratos crueles o degradantes. Sin este mecanismo, el control externo sobre las cárceles rusas se reduce drásticamente.
El retiro se suma a la serie de rupturas de Rusia con instituciones europeas y refleja un aislamiento creciente y un endurecimiento en respuesta a las sanciones y condenas por el conflicto en Ucrania.
La decisión tendrá impacto inmediato en la capacidad de organismos internacionales para monitorear el respeto a los derechos humanos dentro de Rusia, generando preocupación sobre un posible aumento de abusos sin supervisión.
