Las ayudas públicas a las empresas francesas se cuentan por cientos de miles de millones, pero nadie sabe con exactitud cuánto ni bajo qué criterios. Según distintas fuentes, la cifra oscila desde 18.500 millones hasta 272.000 millones de euros.
Este galimatías se debe a la ausencia de una definición legal clara en Francia sobre qué se considera ayuda pública, a diferencias marcan el recuento y a la multiplicidad de actores involucrados. No solo el Estado central aporta fondos: las colectividades locales y la Unión Europea, especialmente vía la PAC, también participan.
“No hay definición jurídica ni consenso sobre las ayudas a empresas, lo que genera interpretaciones divergentes de su monto”, dice Nicolas Laine, del think tank Institut Montaigne.
La ayuda mayoritaria ni siquiera se traduce en gasto directo. Son más bien renuncias fiscales o reducciones impositivas, como las exenciones de cotizaciones sociales sobre salarios bajos o tasas reducidas de IVA, que suman entre 75 y 90 mil millones. Se busca fomento del empleo y competitividad. Pero estas ayudas también benefician a consumidores y no siempre revierten en apoyos efectivos.
Las ayudas financieras —préstamos, garantías y participaciones capitalísticas— suman cerca de 40.000 millones de euros. El dinero entregado en subvenciones directas, que generan más controversia, fue apenas 7.000 millones en 2023, bajo estrictas reglas europeas para evitar competencia desleal.
El problema no es solo la magnitud sino la falta de transparencia. Más de 2.200 programas oficiales existen, aunque estudios sugieren que pueden superar 7.000. A menudo las ayudas automáticas —como las reducciones fiscales— se activan sin ningún control real ni evaluación de la necesidad o del impacto.
En plena crisis financiera, y en un momento donde el déficit público de Francia genera presiones para recortar gasto, estas ayudas están bajo el foco. Sindicatos como CGT, con Sophie Binet al mando, exigen prohibirlas a empresas que reparten dividendos o despiden empleados.
Los senadores Fabien Gay (PCF) y Olivier Rietmann (Les Républicains) publicaron un informe conjunto que reclama mayor transparencia y condicionantes estrictos. Quieren que las ayudas estén sujetas a cláusulas claras como obligación de mantener empleo y que se realice un recuento oficial exhaustivo. El Instituto Nacional de Estadística (Insee) prepara un recuento que verá la luz el próximo año.
Francia sigue siendo, según la Unión Europea, el tercer país que más invierte en ayudas públicas empresariales respecto al PIB. Pero la complejidad del sistema y la opacidad abren espacios para la crítica y la sospecha de desperdicio o mal uso. El debate está vivo y puede impactar las finanzas públicas y la política económica.
