En Francia, los extranjeros en situación irregular enfrentan barreras cada vez más fuertes para acceder a la atención médica, alerta esta semana la ONG Médecins du Monde. El grupo denuncia que las políticas restrictivas y los requisitos burocráticos, como la domiciliación, bloquean el derecho a la salud para los más vulnerables.
El programa Aide médicale d’État (AME), que garantiza atención sanitaria a personas sin residencia legal, sufre un asedio creciente. A pesar de su existencia, los trámites complejos y la presión política buscan reducir el gasto público destinado a esta población. Según Médicos del Mundo, no es solo una cuestión de costes, sino que genera un efecto estigma donde los extranjeros son señalados como “los culpables” de la crisis sanitaria y social.
Estos obstáculos afectan tanto a extranjeros irregulares como a los ciudadanos franceses en precariedad. La ONG señala que recortar aún más el acceso a servicios básicos es una “tentación peligrosa” que aumenta las desigualdades y perjudica a toda la sociedad.
La domiciliación, base para acceder a AME, se vuelve un requisito casi inalcanzable para quienes no tienen dirección fija. Esta imposibilidad bloquea automáticamente la solicitud de atención y deja a miles sin opciones para tratar enfermedades, seguir tratamientos o recibir atención preventiva.
Fuentes de Médecins du Monde insisten en la necesidad de desmontar estos barreras y rechazan cualquier intento de economizar a costa de los más frágiles. El debate político en Francia sigue abierto, con sectores que apuestan por controlar el gasto público y otros que defienden un acceso universal y sin condiciones a la salud.
En un momento de crisis sanitaria global, la exclusión médica de los más vulnerables puede tener repercusiones que superan las fronteras sociales y económicas. La controversia sobre el acceso a AME refleja un choque entre políticas de austeridad y derechos humanos básicos.
