Una nueva batalla legal sacude a la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, tras la presentación de una demanda ante el Consejo de Estado que cuestiona un posible conflicto de interés en su doble rol como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y ministra encargada.
La demanda, impulsada por la abogada Ximena Echavarría Cardona, la Fundación Dilo Colombia y el estudio jurídico Mauricio Pava Abogados, acusa a Vélez de no haber declarado este doble ejercicio de cargos ante las autoridades competentes, lo que podría generar riesgos en la transparencia y la legitimidad de las decisiones públicas.
El Consejo de Estado fue instado a suspender temporalmente a Vélez mientras se define el caso, advirtiendo que su permanencia durante el proceso podría afectar principios claves como la independencia técnica y la autonomía de la función pública. Además, señalan que existiría un “autocontrol” perjudicial debido a que Vélez supervisa y dirige simultáneamente la Anla y el Ministerio, con riesgos evidentes de pérdida de control municipal y jerárquico efectivo.
Irene Vélez denuncia “ataque político” y prepara defensa
Ante estas acusaciones, Vélez salió al cruce a través de su cuenta en la red social X, calificando la demanda como “otro ataque político” con motivaciones de presión y calumnias. La ministra expresó su rechazo a que la justicia sea utilizada para fines políticos y subrayó que las disputas sobre políticas deben solucionarse en escenarios democráticos como el Congreso o las calles, no en tribunales.
“Entendámoslo como es: otro ataque político. El uso de la justicia para propagar calumnias y avanzar jugadas debilita gravemente la democracia. Estamos preparando nuestra defensa con plena confianza de que ganaremos. ¡Qué pérdida de tiempo, dinero y energía!”, afirmó Vélez.
Riesgos expuestos en la demanda y posible impacto político
Los demandantes advierten sobre varios peligros concretos: la posibilidad de que Vélez pueda revisar y ratificar decisiones tomadas previamente como directora de la Anla, manejar el presupuesto y controlar la ejecución del sector ambiental sin un contrapeso real. Además, subrayan que la concentración de funciones abriría la puerta a nombramientos de personas de confianza en órganos donde la Anla tiene participación, afectando la autonomía institucional.
Según los abogados, esta dualidad de funciones afecta no solo la transparencia sino también la rendición de cuentas, ya que Vélez estaría supervisando y evaluando su propio desempeño. Esto podría comprometer la imparcialidad en procesos clave que impactan directamente en la gestión ambiental del país.
Contexto y próximos pasos en una delicada disputa
La controversia ocurre en un momento crítico para el gobierno de Gustavo Petro, donde la agenda ambiental y la lucha contra la corrupción están bajo intenso escrutinio público y político. La resolución del Consejo de Estado puede significar una señal importante sobre los límites del ejercicio de cargos públicos y la protección de la integridad institucional.
Ahora, solo resta esperar el desarrollo del proceso judicial y la definición sobre la suspensión temporal de Irene Vélez, que podría marcar un precedente para otros funcionarios con múltiples responsabilidades en Colombia y que también genera un debate vigente en otros países, incluido Argentina, sobre cómo gestionar los posibles conflictos de interés en el sector público.
