Les Républicains han complicado la formación del nuevo gobierno de Sébastien Lecornu al presentar un “contrato de gobierno” con condiciones claras para seguir en el Ejecutivo, según publicó el sitio Politico.
El texto, filtrado esta semana, plantea siete medidas principales que el partido exige sean implementadas en los próximos meses para asegurar una base sólida dentro de una Asamblea Nacional dividida y sin mayoría absoluta. Según LR, sin estas garantías, el Gobierno no podrá actuar eficazmente en el contexto actual.
Entre las demandas más destacadas está el rechazo tajante a la llamada “tasa Zucman”, un impuesto del 2% sobre patrimonios superiores a 100 millones de euros, y un rechazo a “reciclar” el impuesto sobre la fortuna (ISF). Los republicanos piden además evitar medidas fiscales que perjudiquen la competitividad de Francia o la herramienta de trabajo.
Sobre el presupuesto, exigen mantener los equilibrios establecidos tras la reforma de las pensiones y apuestan por reducir el gasto público mediante “verdaderas economías estructurales”.
En materia de inmigración, LR endurece el tono. Proponen restablecer el delito de estancia irregular, ampliar la retención en centros administrative a 210 días para extranjeros considerados peligrosos y otorgar al Ministerio del Interior control exclusivo sobre la política de visados. Estas medidas buscan frenar tanto la inmigración irregular como mejorar el control del flujo legal.
También piden avanzar en la digitalización del sistema público con la implementación generalizada y obligatoria del expediente médico compartido, así como eliminar organismos y agencias consideradas innecesarias para reducir costes.
La formación de gobierno, que se esperan pronto a cargo de Lecornu, deberá negociar estas exigencias que evidencian una fractura con propuestas del Partido Socialista u otros grupos más moderados. Entre los nombres que suenan para mantener puestos clave está Bruno Retailleau, ministro del Interior y líder de LR.
Este “contrato” marca un punto de inflexión en las negociaciones para mantener la gobernabilidad en un Parlamento fragmentado y anticipa tensiones en el programa de gobierno que el primer ministro desea implementar.
