Un grupo de veinte abogados presentó este miércoles en París una denuncia contra Nicolas Sarkozy por presunto delito de injuria a magistrados. La acusación se basa en las declaraciones públicas del expresidente, en las que habría desacreditado la institución judicial tras ser condenado en el caso del financiamiento libio.
La acción legal, liderada por Jérôme Giusti, confirma un reporte adelantado por BFM TV. Por ahora, ninguno de los abogados de Sarkozy, incluido Christophe Ingrain, ha respondido a la denuncia.
El 25 de septiembre, el tribunal correccional de París condenó a Sarkozy a cinco años de prisión, con encarcelamiento pendiente, por permitir que sus colaboradores cercanos buscaran fondos del régimen de Mouammar Kadhafi para financiar su campaña presidencial de 2007.
Dos días después, en una entrevista con el Journal du Dimanche, Sarkozy calificó el proceso judicial y la sentencia como una violación de “todas las reglas del estado de derecho”. Denunció “mentiras”, “conspiraciones” y “prácticas contrarias al estado de derecho” que, para los abogados demandantes, equivalen a una acción deliberada para desprestigiar la justicia.
Los abogados sostienen que estas declaraciones no son una crítica legítima sino un daño grave hacia la imparcialidad e independencia del sistema judicial, lo que puede causar “pérdida de confianza” en los ciudadanos. La denuncia apunta al artículo que pena con hasta seis meses de prisión y 7.500 euros de multa por este tipo de ofensas.
Desde el tribunal, el presidente del tribunal judicial de París, Peimane Ghaleh-Marzban, también criticó públicamente las declaraciones de Sarkozy, advirtiendo que colocan en descrédito la institución y sus decisiones.
La Fiscalía de París no ha confirmado si abrirá una investigación por estas nuevas acusaciones.
Este nuevo capítulo añade tensión al caso del expresidente, que ya enfrenta graves consecuencias legales y mantiene su intención de apelar la condena. La actuación de los abogados plaignants refuerza la defensa institucional y marca un enfrentamiento público entre la justicia y un exmandatario que cuestiona su legitimidad.
