La protección militar de la flotilla solidaria Global Sumud (GSF), que navega hacia Gaza con cerca de 500 activistas, ha provocado tensiones internas en el Gobierno español este miércoles. El choque principal se dio entre el PSOE y la coalición Sumar, socio minoritario del Ejecutivo.
El Gobierno advirtió anoche a los responsables de la expedición que la fragata Furor, desplegada para cubrir soporte y rescate, no cruzará la zona de exclusión marítima que Israel ha impuesto en torno a Gaza. La decisión busca evitar un enfrentamiento directo con las fuerzas israelíes, que desde el principio han amenazado con interceptar y detener la flotilla.
Pero Sumar, encabezado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, defiende que el Ejecutivo debería proteger a los voluntarios si deciden avanzar. Díaz acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de cometer un “genocidio” contra el pueblo palestino y aseguró en sus redes que él es “el único fuera de la legalidad”. La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, figura en la tripulación de la flotilla.
Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, reiteró su recomendación de no arriesgarse a ingresar en aguas prohibidas, pero dejó una puerta abierta para que la fragata pueda actuar en “caso de absoluta necesidad” por tareas de rescate.
Por su parte, el PSOE pidió a sus socios moderación. El portavoz en el Congreso, Patxi López, subrayó que, aunque la misión humanitaria es “encomiable”, la fragata no puede traspasar los límites establecidos por Israel. El presidente Pedro Sánchez, desde Copenhague, apoya esta postura, buscando equilibrar la defensa de Gaza con evitar un conflicto naval.
La oposición de izquierda, incluyendo a Podemos y Compromís, censura la actitud del Gobierno. La exministra Irene Montero criticó que España deje solos a los activistas pese a reconocer al Estado Palestino y acusó a Israel de violar la legalidad internacional atacando a quienes llevan ayuda.
Israel mantiene firme su plan de interceptar la flotilla y trasladar a sus miembros al puerto de Asdod para interrogatorios y deportaciones, con advertencias incluso de que algunos barcos podrían ser hundidos, según medios locales. El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, afirmó que los activistas aún pueden desembarcar la ayuda en puertos cercanos, incluidos Israel y Chipre.
El asunto complica la situación política interna de Sánchez, quien ha hecho de la defensa de Gaza una bandera y busca capitalizar el respaldo progresista en un otoño marcado por desafíos judiciales para su entorno.
