Las Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos del Senado aprobaron este miércoles el dictamen para reformar la Ley de Amparo, una iniciativa enviada por la Presidencia de la República en septiembre pasado.
El proyecto introduce cambios importantes en la protección legal constitucional en México. Entre los puntos clave está la redefinición del “interés legítimo”, que ahora se limitará a afectaciones concretas y directas, lo que reduce el margen para promover juicios por daños indirectos. También se imponen restricciones a la figura de la suspensión, las medidas cautelares que frenan actos de autoridad, un punto que podría acelerar trámites y evitar bloqueos legales prolongados.
Además, se prevé reducir los plazos y simplificar procedimientos para los juicios de amparo. La reforma apuesta por implementar un juicio de amparo electrónico y armonizarlo con disposiciones fiscales, buscando modernizar y agilizar la justicia constitucional en México.
La iniciativa ahora pasa al Pleno del Senado, donde se discutirá en los próximos días. Es un paso clave para la agenda de reformas que impulsa el gobierno federal, que busca una justicia más eficiente pero enfrenta resistencia de abogados y defensores de derechos humanos que alertan sobre posibles recortes a la protección ciudadana.
La reforma a la Ley de Amparo es una de las más relevantes en materia judicial en los últimos años. Por ley, el amparo protege a los ciudadanos contra actos arbitrarios del Estado, y limitar sus procedimientos podría cambiar el balance de poderes en el país.
Estaremos atentos al debate en el pleno y posibles reacciones de sectores jurídicos, ONG y oposición en el Senado.
