La revelación de los gastos públicos de Éric Lejoindre, alcalde socialista del 18º distrito de París, ha puesto en el centro del debate el uso de los fondos públicos por parte de los alcaldes parisinos. En 2023, Lejoindre gastó 5.500 euros en restaurantes, 1.350 euros en servicios de tintorería y más de 1.100 euros en ropa, según documentos a los que ha tenido acceso un grupo de activistas ligados a la derecha política.
Charlotte Rocher, líder del movimiento que escruta estos gastos, cuestiona especialmente partidas como la compra de tres menús infantiles en una pizzería, señalando que el alcalde tiene tres hijos, lo que provoca sospechas sobre la naturaleza de los gastos. Lejoindre respondió que todas sus cuentas cumplen con la normativa vigente y advirtió del riesgo de “crear polémica” con estas cifras.
Desde 2022, una decisión del Consejo de Estado obliga a los alcaldes parisinos a hacer públicos sus gastos si los ciudadanos lo solicitan. En París, el límite anual para los alcaldes de distrito es de 11.000 euros, cifra que Lejoindre asegura no haber superado.
Sin embargo, según la experta en derecho público Karine Goulet-Nyssen, el problema no está en el monto, sino en que estas partidas no deben beneficiar el enriquecimiento personal del alcalde. El marco legal no es del todo claro, y queda en manos de criterios personales y transparencia.
Transparencia a examen en plena campaña municipal
En otros municipios como Faches-Thumesnil, en el norte de Francia, el alcalde Patrick Proisy maneja una asignación de gastos mucho menor, 2.000 euros al año, y aplica una regla sencilla: solo reembolsa lo que hubiera comprado sin ser alcalde. Así, evita pedir reembolsos por ropa o bienes personales habituales.
Con menos de seis meses para las elecciones municipales, esta polémica llega en un momento en que la opinión pública francesa demanda más transparencia y control sobre cómo se gastan los impuestos a nivel local.
Las preguntas principales siguen abiertas: ¿hasta qué punto los alcaldes pueden usar libremente estos fondos? ¿Qué controles existen para impedir un uso abusivo? Mientras tanto, el escrutinio ciudadano se intensifica y obliga a muchos jefes municipales a justificar cada euro gastado.
