Los gobiernos de Asturias, Galicia y Castilla y León han unido fuerzas para exigir al Ministerio de Transportes la eliminación inmediata de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9. La demanda surge tras un dictamen de la Comisión Europea que declaró ilegales las prórrogas de las concesiones de estas vías, por incumplir las normas comunitarias sobre licitación pública.
El consejero de Movilidad asturiano, Alejandro Calvo, anunció en una entrevista que las tres comunidades coordinarán sus comunicaciones con el Ministerio, intentando actuar de manera conjunta para solicitar más información y presionar por la rescisión o modificación de las concesiones. La AP-66 conecta Asturias con León y la AP-9 cruza Galicia.
En julio, la Comisión Europea anunció que llevará a España ante el Tribunal de Justicia si no corrige estas irregularidades, pues las concesiones se prorrogaron en 2000 sin abrir un proceso público ni publicarlo en el Diario Oficial de la UE, como exige la directiva europea.
El Ministerio de Transportes, sin embargo, interpuso un recurso contra el procedimiento de infracción y advirtió que rescindir o modificar las concesiones podría costar miles de millones de euros al Estado.
En paralelo, el Partido Popular registró este viernes en el Congreso una proposición no de ley para pedir la supresión de los peajes en ambas autopistas. Los diputados populares de Galicia y Asturias sustentan la iniciativa en el dictamen europeo y reclaman iniciar de inmediato el trámite para rescatar y liberalizar estas vías.
Miguel Tellado, secretario general del PP, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de dejar “de lado” a Asturias y Galicia, y emplazó al presidente asturiano, Adrián Barbón, a no mantenerse en “complacencia y subordinación a la dirección nacional del PSOE”.
El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, anunció que buscarán apoyos para sacar adelante la propuesta y pidió a los diputados socialistas que no “traicionen a Asturias”.
El rechazo social es creciente, en Asturias se ha convocado una movilización para el próximo 17 de octubre en Oviedo, que Calvo confía sea masiva. La demanda por eliminar el peaje del Huerna (AP-66) es compartida por toda la sociedad asturiana.
Las concesiones, prorrogadas en 2000 por 25 y 29 años respectivamente bajo un gobierno del PP, fueron posteriormente vendidas sin concurso público, motivo principal del ultimátum europeo. La situación pone en jaque la vigencia de los cobros en estas autopistas clave para las regiones del norte.
El desenlace determinará un impacto social, económico y político considerable en la zona, con repercusiones directas sobre la movilidad, seguridad vial y la competitividad regional.
