La jueza que investiga la gestión de la DANA ha rechazado el sobreseimiento libre para la exconsejera de Interior Salomé Pradas, señalando «indicios abrumadores de una conducta negligente» que costó la vida a 229 personas.
En un auto publicado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, se detalla cómo Pradas demoró la convocatoria del centro de coordinación (Cecopi) y retrasó las alertas a la población, fallando en el control de los barrancos, a pesar de contar con avisos reiterados desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la AEMET.
La jueza destaca la «parsimia» en la adopción de medidas y la «inactividad» durante la peor inundación en la Comunidad Valenciana desde 1957, lo que representa una «negligencia grosera» agravada por el número de víctimas mortales.
Los avisos de la CHJ entre las 17:33 y las 22:18 del 29 de octubre, además de las advertencias previas de AEMET, fueron ignorados o minimizados por Pradas, quien «tenía control» en el envío de la alerta tardía, la que finalmente se emitió sin la urgencia necesaria para salvar vidas.
La defensa de Pradas intentó desvincular la responsabilidad trasladando culpa al Gobierno central, pero la jueza rechaza esta estrategia y señala que es «un reconocimiento implícito de la pasividad manifiesta» de la Generalitat Valenciana y la propia exconsejera.
Señala además que la gestión no contempló los recursos humanos para el seguimiento de la evolución del temporal ni la comunicación efectiva con la población. Las imágenes difundidas en directo por los medios y el seguimiento en público por la televisión À Punt evidencian la falta de planificación y decisión.
Las víctimas incluyen a una persona dependiente y se está investigando la posible inclusión de dos fallecidos posteriores en hospital tras el desbordamiento en la residencia Savia de Paiporta. El auto explica que las omisiones y retrasos causaron un resultado mortal de consecuencias graves.
Contra esta resolución cabe recurso en tres días para reforma o cinco para apelación.
