Argentina y Chile presentaron una vez más en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) una propuesta conjunta para crear un Área Marina Protegida (AMP) en la Península Antártica Occidental y el sur del Arco de Scotia.
La iniciativa busca limitar la pesca intensiva de kril, un pequeño crustáceo clave en la cadena alimenticia marina que sostiene a focas, ballenas y pingüinos. El AMP abarcaría unos 670.000 km² con zonas prohibidas para la pesca y otras con límites estrictos de cuota.
El ministro Fausto López Crozet, enviado de la Cancillería y director nacional de Política Exterior Antártica, encabezó la delegación argentina en las sesiones anuales que se realizan desde 1982 bajo el Sistema del Tratado Antártico para preservar la fauna y flora marina frente a la explotación comercial.
El proyecto se basa en estudios científicos de ambos países y busca frenar la drástica caída del kril. La pesca excesiva pone en riesgo a especies fundamentales para el ecosistema antártico. Sin embargo, la propuesta no avanza porque sigue bloqueada por China y Rusia, ambos miembros clave de la CCRVMA, integrada por 26 países y la Unión Europea.
Además de las rivalidades comerciales, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania entorpece las decisiones en el organismo, donde la industria pesquera de Noruega, China, Corea del Sur y Japón extrae grandes cantidades de kril anualmente.
En paralelo, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, bajo la gestión de Paola Di Chiaro, lanzó un plan de capacitación para formar inspectores de pesca antártica. El curso dictado en septiembre por López Crozet entrenó a personal de la Armada Argentina en controles a bordo y métodos de inspección regulados por la CCRVMA.
Una novedad reciente fue el primer vuelo de vigilancia aérea sobre la flota pesquera antártica en aguas del Atlántico Sur, realizado a bordo de un Orion P-3C adquirido a Noruega. Este monitoreo también cubre zonas al norte del continente, donde Gran Bretaña otorga licencias de pesca en las disputadas Islas Georgias y Sandwich del Sur sin consenso del organismo.
El avance del AMP depende del consenso de todos los países miembros, algo que sigue trabado pese a la persistente presión argentina y chilena para garantizar la conservación marítima frente a la sobreexplotación.
