Chubut, Mendoza y Santa Cruz oficializaron este lunes su ingreso como querellantes en la causa federal que investiga supuestas irregularidades en la compra de acciones de YPF por parte del grupo Eskenazi en 2007.
Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se presentaron en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 de Comodoro Py para defender la participación accionaria de las provincias petroleras en YPF.
“De ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de EEUU para pedir que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta que se resuelva la causa penal”, adelantó Torres desde Buenos Aires.
La presentación busca frenar las consecuencias del fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que obliga a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, más intereses, y a entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford y Eton Park, resultado de una demanda ligada a la operación de compra del 25% de acciones que hizo el grupo Eskenazi a Repsol en 2007.
Torres denunció que la familia Eskenazi se hizo del 25% de YPF usando dividendos futuros como garantía, antes de la expropiación del 51% que ordenó el Congreso en 2012 para recuperar el control del país sobre la petrolera.
Además, explicó que después de la expropiación, Eskenazi vendió el juicio contra Argentina a fondos litigiosos conocidos por su impacto en el país, lo que desencadenó esta demanda millonaria.
“Como provincias productoras, tenemos derecho al 49% del 51% expropiado y no vamos a permitir que se embargue lo que nos pertenece”, dijo Torres.
Chubut también presentó un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender esta posición frente al tribunal que lleva adelante la ejecución del embargo.
En 2007, el grupo Petersen, encabezado por Enrique Eskenazi, compró el 25% de las acciones de YPF a Repsol a través de empresas domiciliadas en España. Luego, en 2012, el Estado expropió el 51% para retomar el control, operación indemnizada en 2014 con 5.000 millones de dólares.
Burford Capital adquirió el derecho al litigio y en 2015 inició la demanda en tribunales de Nueva York, argumentando que Argentina violó el artículo 7° del Estatuto de YPF, que exige ofrecer la compra a todos los accionistas si alguien adquiere más del 15%.
En marzo de 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes y en septiembre ordenó el pago de más de 16.000 millones de dólares. En junio de 2025, reclamó la entrega del 51% de YPF para cubrir la deuda, aunque la Corte de Apelaciones suspendió esa orden un mes después.
Esta nueva acción de las provincias petroleras abre un nuevo capítulo en la pelea legal y política por YPF y su control, con la mira puesta en evitar el impacto económico que el fallo en EEUU podría repercutir en los estados provinciales y el país.
