Este jueves arranca el juicio oral por la causa Cuadernos, el proceso judicial más grande en la historia argentina por corrupción, con 87 acusados, incluidos 65 empresarios y 19 exfuncionarios, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández. El caso investiga una supuesta asociación ilícita para cobrar coimas entre 2003 y 2015, vinculando pagos ilegales en sectores de construcción, energía y transporte.
Fernández de Kirchner, ya condenada a seis años de prisión domiciliaria por otro caso, vuelve a estar en el banquillo como presunta jefa de la asociación. La juzgará el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con la fiscalía a cargo de Fabiana León.
El juicio podría durar hasta tres años y surgió tras la investigación iniciada con los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, que detalló cómo trasladaba el dinero ilegal. Varios empresarios fueron detenidos en 2018 y 18 aceptaron colaborar con la justicia para reducir sus penas, entre ellos figuras como Ángel Calcaterra, primo de Mauricio Macri, y Enrique Pescarmona.
También están acusados como organizadores el exministro de Planificación Julio De Vido, su exsubsecretario Roberto Baratta y el expresidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner. Otro de los imputados más conocidos es José López, famoso por ser detenido con bolsos con millones en un convento.
Empresarios vinculados al kirchnerismo como Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, y otros grandes nombres como Aldo Roggio y Cristóbal López también enfrentarán el juicio. Algunos empresarios, como Eduardo Eurnekian y Paolo Rocca, quedaron fuera pese a reconocer pagos, alegando motivos como aportes de campaña o pagos para repatriar personal.
Durante la instrucción, la investigación estuvo marcada por la polémica actuación del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, quienes promovieron la figura del arrepentido, usada por 16 empresarios para evitar penas más duras.
Este juicio es el capítulo más extenso y complejo en la historia judicial argentina en materia de corrupción y tiene un estado de máxima atención política y judicial, con empresarios dispuestos incluso a pagar cientos de millones de pesos para evitar ser juzgados.
