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Argentina

Crecen a 425 los asesores monotributistas en la Legislatura de Córdoba y suben costos

Este incremento representa 138 más que al inicio del año cuando eran 287.

Crece sin control número de asesores monotributistas en la Legislatura de Córdoba

La Legislatura de Córdoba aumentó de manera significativa el número de asesores monotributistas en los últimos dos meses y medio, llegando a 425 personas, según datos oficiales publicados hasta el 19 de septiembre. Este incremento representa 138 más que al inicio del año cuando eran 287.

Además de estos monotributistas, hay 1.046 asistentes contratados y 389 agentes de planta permanente, totalizando más de 1.850 empleados para solo 70 legisladores, un dato que genera preocupación por el abrupto aumento del gasto público asociado a estas contrataciones.

Suben los montos y se multiplica el gasto en asesorías

El monto que percibe un asesor monotributista por mes creció notablemente este año. A comienzos de 2025 cobraban $310 mil, pero en julio esta cifra ya había subido a $510 mil y hoy alcanza $765 mil pesos, según los registros oficiales del Portal de Transparencia de la Unicameral.

Este aumento en el salario sumado a la cantidad creciente de monotributistas presiona el presupuesto legislativo en plena coyuntura económica delicada para Córdoba y el país.

Bloques y comisiones con elevados cargos de asesores

El bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba lidera el ranking con 134 presentaciones de facturas de monotributistas en estos meses. La Unión Cívica Radical (UCR) sigue con 70 facturaciones y el Frente Cívico con 26. Otros bloques menores también cuentan con asesores, incluyendo Construyendo Córdoba y fuerzas de izquierda.

En cuanto a las comisiones, aunque la Legislatura cuenta con 30 comisiones permanentes, la cantidad de asesores para estas no siempre refleja la actividad real. Por ejemplo, en julio hubo 6 reuniones pero se pagaron asesorías a 24 monotributistas, mientras que en agosto con 15 reuniones hubo 30 pagos. En septiembre solo se realizaron cinco reuniones con un único asistente solicitado.

Estos datos ponen en duda la racionalidad y transparencia del esquema de contrataciones y asesorías dentro de la Legislatura.

Controversias y opacidad en las contrataciones

En febrero pasado, La Voz presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer los detalles de estos contratos, pero la Legislatura se negó a informar, lo que derivó en un recurso de amparo judicial.

Previamente, salió a la luz el caso del exconcejal del PJ Guillermo Kraisman, detenido tras la denuncia por una “empleada fantasma”, que apunta a irregularidades en la contratación para supuestos trabajos territoriales.

En mayo, la Unicameral publicó un listado oficial con los 1.055 asistentes, detallando legisladores y áreas laborales, aunque el creciente número de monotributistas y su movilidad entre distintas comisiones evidencian una situación compleja y poco transparente.

El rol cambiante de la Vicegobernación y estructura actual

A comienzos del año, unos 105 monotributistas dependían directamente de la Vicegobernación bajo la conducción de Guillermo Alonso, hombre cercano a la actual Vicegobernadora Myrian Prunotto. Sin embargo, en la actualización reciente no aparecen asignaciones directas a esa área sino a distintos bloques o comisiones.

Destacan que algunos legisladores como Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza) y Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) no cuentan con monotributistas en sus equipos.

Condiciones laborales y posibles conflictos

Los monotributistas no tienen estabilidad laboral ni cobran aguinaldo y pueden facturar simultáneamente a otros organismos estatales, lo que da lugar a posibles incompatibilidades y dobles cobros, por ejemplo en la Municipalidad de Córdoba.

Esta modalidad, aunque facilita la contratación rápida, genera un clima de incertidumbre y cuestionamientos sobre la eficiencia y uso adecuado de los fondos públicos.

Qué sigue y qué exigir

Con los aumentos salariales recientes y el número creciente de asesores, la Legislatura enfrenta una presión intensa para justificar estos gastos y transparentar la contratación de personal. Se esperan nuevos pedidos de informes y posiblemente más recursos judiciales para esclarecer las irregularidades.

La ciudadanía reclama explicaciones claras sobre el impacto real de este personal en el funcionamiento del cuerpo legislativo y la repercusión en el gasto público en un momento económico difícil para las familias cordobesas.

Seguirán las actualizaciones conforme avancen las investigaciones y se publiquen nuevos datos oficiales.

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