La Comisión Investigadora del caso $LIBRA presentó este lunes un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado Federal N°8 que negó el pedido de auxilio de la fuerza pública para garantizar la presencia de funcionarios citados por el Congreso.
La negativa judicial impide que la Comisión haga uso de medidas coercitivas para obligar a funcionarios que ya no respondieron a convocatorias previas. El pedido había sido realizado para asegurar la presencia de testigos clave en la investigación sobre el funcionamiento y posibles irregularidades relacionadas con la criptomoneda $LIBRA.
Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión, cuestionó duramente la decisión y afirmó que la resolución judicial “lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso”. Insistió en que el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional ampara al Parlamento a requerir información y citar funcionarios para ejercer el control político.
“Un magistrado no puede limitar dichas atribuciones otorgadas al Congreso. No se trata de un trámite administrativo, sino de la división de poderes”, advirtió Ferraro.
Los legisladores sostienen que el fallo del juez vacía “de sentido una de las funciones esenciales del Parlamento: la de investigar y garantizar transparencia”. Denuncian que la medida sienta un precedente peligroso al restringir las facultades del Congreso y abre un nuevo frente de tensión institucional entre el Poder Judicial y el Legislativo.
La Comisión bicameral investiga si hubo irregularidades financieras y administrativas detrás de la emisión y manejo de la criptomoneda $LIBRA en ámbitos públicos y organismos de control. El caso se volvió uno de los temas más sensibles en el Congreso, con fuerte presión para aclarar responsabilidades.
Desde el oficialismo y la oposición advierten que la disputa judicial podría escalar pronto a instancias superiores, profundizando el debate sobre los límites y competencias entre poderes. En este contexto, la apelación buscará revertir la negativa y garantizar así la continuidad efectiva de la investigación.
Por ahora, la prohibición expresa de usar la fuerza pública para hacer cumplir las citaciones deja trabada la pesquisa y condiciona la capacidad del Congreso para fiscalizar actos públicos vinculados con $LIBRA.
