Miles de venezolanos en Estados Unidos perderán su Estatus de Protección Temporal (TPS) el próximo 7 de noviembre de 2025, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta decisión termina con la designación otorgada en 2021 que permitía residir y trabajar legalmente en EE.UU. a quienes huyeron de la crisis venezolana.
El DHS anunció el 3 de septiembre que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, resolvió cancelar el TPS para Venezuela tras una revisión exhaustiva de la situación política y económica del país latinoamericano. La cancelación quedó oficializada en el Federal Register y entrará en vigor a las 23:59 del 7 de noviembre.
El gobierno argumenta que Venezuela ya no cumple con los criterios para mantener el TPS y que seguir otorgándolo va en contra del “interés nacional”. Según la vocería del DHS, el programa actuó como un imán para la migración irregular, dificultando el control de la frontera sur y el manejo efectivo de la migración en la administración anterior.
Por ahora, los venezolanos que cuentan con permisos vigentes, incluyendo autorizaciones de empleo y formularios I-94, podrán mantener esos documentos hasta el 2 de octubre de 2026. Esta extensión es producto de una orden judicial del Tribunal de Distrito del Norte de California que suspendió algunos efectos inmediatos de la cancelación.
Desde su creación en 2021, el TPS ha protegido a cientos de miles de venezolanos que escaparon del colapso político y económico bajo el régimen de Maduro. Sin embargo, la medida del DHS dejará sin amparo legal a quienes no logren tramitar otro tipo de visa o estatus migratorio antes de la fecha límite.
Para quienes dependen del TPS, esta medida significa perder la autorización para trabajar y residir legalmente, lo que pone en riesgo su situación migratoria y empleo en EE.UU. El gobierno estadounidense está enviando una señal clara sobre su política migratoria hacia Venezuela, enfocándose en reducir flujos considerados no autorizados.
La comunidad venezolana en EE.UU. enfrenta ahora una cuenta regresiva crítica para regularizar su estatus o enfrentar la incertidumbre legal a partir de noviembre. El tema promete tensar el debate migratorio en los próximos meses.
