Tras las elecciones legislativas, el Gobierno nacional reactivó la licitación para la operación privada de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila. Los contratos de concesión vencieron en 2023 y ahora buscan actualizar el esquema con reglas claras y un mayor control público.
La Secretaría de Energía confirmó que el proceso incluirá un aumento en la participación estatal y provincial, permitiendo que Neuquén y Río Negro puedan tomar hasta un 10% del capital accionario. Además, se establecerá un canon por el uso del agua y un porcentaje de la recaudación se destinará a obras en infraestructura hídrica coordinadas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
Enel Generación, Central Puerto, Aconcagua Energía, AES Corporation, y nuevas empresas como Pampa Energía, YPF Luz, Genneia, MSU Energía, TotalEnergies y grupos chinos, están interesadas en participar. Sin embargo, el Gobierno puso especial atención en los antecedentes judiciales de las compañías.
Uno de los casos que generan mayor cuidado es el de AES, que operó la represa Alicurá y ganó en 2025 un fallo internacional por más de 700 millones dólares tras una demanda por la pesificación de contratos en los años 2000. Desde Economía aclararon que los litigios previos no implican exclusión directa, pero sí un análisis riguroso para evitar nuevos costos millonarios para el país.
La presentación de ofertas fue reprogramada para el 7 de noviembre de 2025 y el Gobierno espera cerrar el proceso antes de fin de año para garantizar la operatividad del complejo hidroeléctrico más importante de Argentina bajo un marco actualizado y mayor regulación pública.
