La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) presentó un reclamo formal ante la intendenta Rossana Chahla denunciando una crisis severa en el sector por el impacto negativo de servicios ilegales y la falta de regulación.
El pedido se basa en varios puntos clave: el incumplimiento del municipio para fijar tarifas que reflejen los costos reales –combustible, salarios y mantenimiento– lo que está llevando a las empresas al borde de la quiebra. Según la ordenanza 400/79, las tarifas deben ser definidas por el Ejecutivo con base técnica, pero hasta ahora, aseguran, se aplican decisiones políticas arbitrarias.
Otro foco es la proliferación de Uber, DiDi y los famosos “taxi-motos”, que operan sin control ni regulación, generando competencia desleal. El municipio no ha aplicado la ordenanza 3260/2002, que prohíbe la circulación de motos-taxi en el área urbana de San Miguel de Tucumán. Esto afecta directamente a quienes deben cumplir con impuestos, seguros y regulaciones estrictas.
Además, los empresarios cuestionan la imposición de cargas públicas sin compensaciones económicas adecuadas, como los boletos gratuitos para estudiantes, docentes y jubilados. Denuncian que estas medidas, aunque con fines sociales, se utilizan políticamente y se trasladan las pérdidas directamente a las firmas del sector.
También critican la implementación obligatoria del sistema de cobro SUBE, que afecta el flujo de caja diario, y la ausencia de un ordenamiento eficaz del tránsito en el centro de la ciudad. La falta de controles sobre los carriles exclusivos genera congestionamiento y eleva los costos operativos por mayor consumo y desgaste vehicular.
Un punto crítico es la precariedad legal: ninguna empresa cuenta con concesiones vigentes según la ordenanza 400/79, lo que crea inseguridad jurídica y dificulta el acceso a créditos para renovar flotas y mejorar servicios, explican.
“Esta sumatoria de incumplimiento no es un hecho aislado sino una conducta sostenida que ha llevado al empobrecimiento y quiebra del sector,” advirtió AETAT, anunciando que reservarán acciones legales por incumplimiento de deberes públicos y daños económicos.
La asociación amenaza con denunciar penalmente a los funcionarios responsables y reclamar compensaciones civiles por el daño causado a las empresas asociadas.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la regulación del transporte urbano en Tucumán, que enfrenta la convivencia de modelos tradicionales con la irrupción de plataformas digitales y servicios informales sin control.
