El gobierno de Javier Milei lanzó un nuevo ataque contra los derechos laborales con la reforma que quiere desplazar el poder de los sindicatos y modificar los convenios colectivos en Argentina. Desde España, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, reconoció que el plan oficial busca “desarticular la estructura de los gremios” dando prioridad a los convenios colectivos por empresa en lugar de los acuerdos por actividad.
La medida revive un esquema probado y fracasado en el gobierno de Fernando de la Rúa con la llamada “ley Banelco”, que terminó siendo anulada en 2004 tras denuncias de sobornos para su aprobación. Expertos y referentes sindicales advierten que la iniciativa genera inseguridad jurídica e impacta negativamente sobre las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo a las grandes corporaciones.
“Este tipo de reformas son inconstitucionales y degradan los derechos laborales consagrados en el artículo 14 bis”, explicó el abogado laboralista Gustavo Ciampa, resaltando que la reforma aumentará la litigiosidad y perjudicará a todos los empleadores, no solo a los sindicatos.
El exministro de Trabajo Carlos Tomada fue directo: “Sturzenegger debería aprender del diálogo social español actual y no promover modelos que destruyeron empleo de calidad en Argentina y España”. Tomada recuerda las reformas laborales españolas de 1994, 1997 y 2012, que tuvieron efectos negativos semejantes a los que busca el gobierno.
Sturzenegger admitió que la reforma no será fácil y que tendrán que “bailar” políticamente para avanzar. La CGT y sindicatos ya anticiparon resistencia fuerte. La clave está en alterar la “federalización” de las negociaciones colectivas para que los acuerdos por empresa prevalezcan sobre los generales nacionales, algo que desarma la estructura sindical tradicional y reduce su poder de negociación.
La polémica reforma también copiaría aspectos de la Ley Banelco, como la reducción de indemnizaciones, la desaparición de la ultraactividad (que mantiene vigentes los convenios hasta que se reemplacen), y la reducción de aportes a la seguridad social. Para los sindicatos, el objetivo real es “deslaboralizar” el vínculo laboral y “esterilizar” el sindicalismo.
El propio Hugo Moyano recordó los sobornos que se pagaron para aprobar la ley durante la presidencia de De la Rúa, alertando sobre la repetición de una historia oscura.
Además, expertos recuerdan que en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva donde establece que los Estados deben garantizar el ejercicio pleno y libre de derechos sindicales, incluidos la negociación colectiva y la huelga, como parte de los derechos inviolables de los trabajadores.
Por lo pronto, la discusión ya cruzó fronteras: mientras Sturzenegger viaja por Europa, recibe cuestionamientos desde España y en Buenos Aires los sindicatos se preparan para enfrentar lo que consideran otro asalto al movimiento obrero.
