El Gobierno nacional ordenó la reanudación inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez laboral en Formosa, cuyos pagos habían sido suspendidos en los últimos meses. La decisión se tomó tras una orden judicial firme emitida el 4 de septiembre por la Cámara Federal de Resistencia, que ordenó al Estado dejar sin efecto las suspensiones y liberar los fondos retenidos en 24 horas.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 12504/2025 firmada el 18 de septiembre por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dispuso que los pagos se abonarán desde el mes en que fueron cortados, incluyendo el retroactivo adeudado a un grupo de beneficiarios identificados en un anexo interno.
La suspensión previa había generado una colecta acción de amparo impulsada por la Defensoría del Pueblo de Formosa y organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Asociación Civil Camino Azul-TEA, y afectó a personas con discapacidades que dependen de estas pensiones para su subsistencia.
Según la resolución, los beneficiarios tienen ahora 90 días hábiles para completar los trámites administrativos que permitan una evaluación integral de su estado y seguimiento del beneficio. La Justicia federal concluyó que las suspensiones se hicieron sin garantizar el derecho a la defensa ni un debido proceso.
La orden judicial busca garantizar el derecho a la seguridad social de personas vulnerables mientras se regulariza su situación administrativa y sienta un precedente para miles de casos similares en todo el país.
