Tras más de dos años detenidos, los hermanos Giovanni, Genaro y Gitanjalil Caroglio recuperaron la libertad este viernes, en una resolución dividida del Tribunal Penal Colegiado N°2. Están imputados en una megacausa por criptoestafas que defraudaron a sus víctimas por más de $4 millones.
El tribunal revocó la prisión preventiva con votos enfrentados: los jueces Ramiro Salinas y Carolina Colucci apoyaron la liberación, mientras que Mauricio Juan alertó sobre el riesgo de fuga, señalando que los hermanos no tienen vínculos firmes que eviten que escapen y cuentan con los medios para hacerlo.
El temor no es infundado: otro hermano, Gino Caroglio, está prófugo desde hace tiempo por una causa de abuso sexual simple.
La fiscalía y las querellas sostuvieron que, aunque otros acusados estén en libertad, los Caroglio cumplen funciones clave en el presunto esquema criminal, por lo que no debería modificarse su situación. Sin embargo, la defensa argumentó que el tiempo de prisión preventiva superó los dos años y cuatro meses, límite general establecido, y eso pesó en la decisión del tribunal.
La investigación por criptoestafas descubrió un sofisticado entramado fraudulento detrás del supuesto fondo de inversión We Are Capital (WAC), que prometía hasta un 10% mensual bajo operaciones en NASDAQ con criptomonedas. Los imputados usaban el dinero de nuevos inversores para pagar intereses a anteriores, una clásica estafa piramidal.
Cuando el flujo de fondos empezó a bajar, lanzaron el proyecto CriptoCountry, que vendía terrenos virtuales en el metaverso asegurando que podían revenderse como NFTs a precios crecientes. La fiscalía asegura que el proyecto nunca pasó de una demo básica y que los tokens carecían de valor real.
Para dar apariencia legítima y llamar inversores, la organización alquiló oficinas lujosas, usó influencers y patrocinó eventos masivos. Dentro de la estructura, Giovanni era el CEO visible y presunto jefe, Gitanjalil manejaba tecnología y finanzas y Genaro la administración y marketing.
Ahora, con los imputados en libertad, la Justicia deberá resolver la elevación a juicio de los más de 140 expedientes que componen la megacausa, dividida en dos partes coordinadas por los fiscales Hernán Ríos y Gabriela García Cobos.
El proceso es largo y puede extenderse por meses o años, mientras que en la calle quedan imputados que enfrentan acusaciones de estafa y asociación ilícita con riesgo latente de que intenten eludir el proceso judicial.
