Esta semana se juega uno de los capítulos más importantes del conflicto legal entre Argentina y los fondos demandantes por la expropiación de YPF. El miércoles 29 de octubre, a las 12 horas de Argentina, la Corte de Apelaciones de Nueva York escuchará los argumentos orales de la apelación argentina contra la condena de US$16.100 millones más intereses impuesta en 2019 por la jueza Loretta Preska.
Los tribunales confirmarán si Argentina deberá pagar esa millonaria suma reclamada por los fondos Petersen y Eton Park, principales accionistas afectados por la estatización del 51% de YPF en 2012, y con demandas financiadas por Burford Capital. La audiencia se desarrollará en la Sala 1703 del Thurgood Marshall United States Courthouse, en Manhattan.
Los jueces encargados de la apelación son José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, todos designados bajo gobiernos demócratas en Estados Unidos. El proceso de alegatos durará alrededor de una hora y 20 minutos. La decisión final podría tardar hasta seis meses, y no se descarta que el caso llegue a la Corte Suprema de EE.UU.
La resolución representa un riesgo financiero enorme para Argentina, que podría enfrentar una deuda millonaria con pagos en dólares en medio de una economía con alta inflación y restricciones cambiarias. El bufete de abogados de los demandantes advirtió sobre la imprevisibilidad del litigio y dejó abierta la posibilidad de negociar un acuerdo con el gobierno argentino.
El desenlace de este proceso no solo afectará las finanzas públicas, sino también la reputación internacional de Argentina en materia de inversiones y su estrategia energética. La expropiación de YPF fue un punto de inflexión en la política petrolera del país y la disputa legal sigue pendiente de resolverse tras más de una década.
Hoy, la atención estará en los jueces y sus cuestionamientos a las partes durante la audiencia, el pulso final para Argentina en este juicio que podría prolongarse hasta 2027 si llega a la Corte Suprema. La apelación abre una puerta a la negociación, pero también mantiene la presión sobre el gobierno para manejar la crisis financiera que implica esta condena.
