Un juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que restituya en un plazo de 24 horas todas las pensiones por discapacidad suspendidas o retenidas a titulares en todo el país. La medida, dictada en el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, responde a un amparo colectivo impulsado por el Defensor del Pueblo de Catamarca y la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores.
La resolución obliga a la agencia a cumplir con la Ley 27.793, aprobada en junio como Ley de Emergencia en Discapacidad, que pese a tener aval parlamentario fue vetada por el presidente Javier Milei. Luego de la ratificación del veto por el Congreso con mayoría especial, el decreto de promulgación condicionó la aplicación de la norma a la asignación de partidas presupuestarias específicas, dejando la ley sin vigencia real.
Mientras tanto, familiares y organizaciones protestaron frente a la sede de Andis reclamando el cumplimiento inmediato, la convocatoria al Directorio del Sistema Único, actualización de aranceles y la liberación de fondos retenidos. Con esta decisión judicial, la agencia deberá liberar los pagos suspendidos y garantizar las prestaciones esenciales para miles de personas con discapacidad en Argentina.
El expediente se inscribió en el Registro de Procesos Colectivos el 15 de septiembre y amplía el alcance de la causa a todas las personas con discapacidad del país, un fallo de impacto nacional que pone presión inmediata sobre el Poder Ejecutivo para actuar. Esta medida llega en un contexto de fuertes reclamos sociales y administrativos que afectan directamente a un sector muy vulnerable.
