La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) definió esta semana su reglamento interno para agilizar las contrataciones y evitar trabas burocráticas típicas del Estado.
El directorio, con el CEO Diego Piquín a la cabeza, aprobó dos reglamentos: uno administrativo y otro específico para contratación. La ley que creó la ATUR la declara un “ente de derecho público no estatal” con autonomía plena. Esto permite que maneje fondos públicos pero con procesos más flexibles que la administración tradicional.
El objetivo es dar respuesta rápida para la participación en ferias internacionales, seminarios y campañas publicitarias. Estos eventos demandan decisiones expeditas, sobre todo en situaciones extraordinarias como falta de nieve o incendios forestales, donde cambiar planes rápido es clave.
El reglamento garantiza que las contrataciones tendrán “naturaleza privada”, con menos exigencias formales. Para contratos superiores a 50 millones de pesos se requiere auditoría jurídica y contable, y para más de 150 millones es obligatoria la compulsa de precios con múltiples oferentes. En casos de contratos sobre 30 millones o que requieran resultados estandarizados, se aplicarán “procesos breves de elección” con selección directa del proveedor.
El director ejecutivo tendrá facultades amplias para concretar contratos directos presentando al menos tres presupuestos que justifiquen el precio. La ATUR también podrá recibir recursos de otros organismos para auspiciar eventos.
El directorio está formado por diez representantes del sector privado, quienes deben contar con aval del 10% de los prestadores turísticos de la región y registrarse formalmente. Los mandatos son de dos años para privados y cuatro para el sector público, todos ad honorem. Se organizarán dos reuniones ordinarias por año, con convocatoria extraordinaria posible por la presidencia o dirección ejecutiva.
La sede oficial quedó fijada en Bariloche, y ya se inició la búsqueda de un espacio físico para la oficina. El reglamento fue aprobado con aval de la Fiscalía de Estado y la Contaduría Provincial, condición necesaria por el manejo de fondos públicos.
Con estas normas, la ATUR busca posicionarse como un organismo ágil frente a situaciones del mercado turístico con fluctuaciones rápidas y demandas inmediatas. En el primer año, mantendrá la distribución del 70% de fondos a los entes promocionales locales, que provienen de las tasas cobradas a actividades privadas.
Este marco regula con flexibilidad y control para adaptarse al ritmo del turismo, buscando acelerar procesos sin resignar transparencia ni control de gastos.
