El presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, generaron una fuerte polémica al publicar el decreto 681 en el Boletín Oficial, con el que deciden frenar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta que el Congreso explique de dónde saldrán los fondos.
La normativa, aprobada con amplia mayoría en ambas cámaras y ratificada hace diez días, establece que debe ser aplicada aunque el Ejecutivo no esté de acuerdo. Sin embargo, Milei condicionó su implementación, una maniobra denunciada por legisladores de todo el arco opositor como ilegal e inconstitucional.
Julia Strada (Unión por la Patria) fue contundente:
“Milei se niega a aplicar el aumento de las prestaciones que votó el Congreso porque dice que no hay fondos. Eso no se puede hacer, no tiene facultades para eso. Su facultad era el veto y se lo dimos vuelta. Tiene que aplicar la ley”
También el promotor de la ley, Daniel Arroyo, criticó duramente la postura oficial:
“Una ley no es un consejo, es una obligación para el Gobierno que tiene que cumplirla. La Comisión de Discapacidad ya se reunirá para definir cómo seguir”
La Coalición Cívica, mediante Maxi Ferraro, advirtió que esta maniobra “incurre en nulidad absoluta” y denunció que el Ejecutivo intenta crear “un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de leyes que la Constitución no permite”. Ferraro afirmó que el jefe de gabinete debe “reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento”.
Esteban Paulón (socialista) habló de “constitucionalismo creativo” y pidió denuncias penales y juicio político contra Ministro y Milei por esta maniobra.
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos relacionó la negativa a cumplir la ley con la eliminación de retenciones al campo, apuntando que el gobierno “quiere vender cada dólar disponible mientras posterga el pago a los sectores más vulnerables”.
En el Senado, la presidenta de la Comisión de Discapacidad, Juliana Di Tullio, apuntó directo a Milei:
“La emergencia en discapacidad es ley y los presidentes no pueden desconocerla. Ser mal perdedor y no cumplir la Constitución es autoritario. Tiene que dejar de hacer caprichos y cumplir la ley”
La polémica muestra un choque institucional grave y deja en el centro la atención que debe recibir uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. La ley exige un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad pero el Poder Ejecutivo insiste en condicionar su aplicación a la definición del financiamiento por parte del Congreso, a pesar de que la normativa ya fue aprobada y ratificada.
El caso pone en tensión la separación de poderes y genera llamados desde la oposición a aplicar sanciones políticas contra el Ejecutivo, mientras la sociedad espera una respuesta rápida para cumplir con la ley vigente. La Comisión de Discapacidad prepara nuevos pasos para enfrentar esta paralización y exigir el cumplimiento pleno.
