El Gobierno de La Pampa presentó una medida cautelar urgente ante la Suprema Corte de Justicia contra el Estado Nacional por el corte total de los aportes previsionales desde el 10 de diciembre de 2023, que le corresponden según el Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260.
La provincia denuncia que esta suspensión es inédita y violatoria de leyes vigentes. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el Instituto de Seguridad Social (ISS) de La Pampa debió financiarse con fondos provinciales y municipales para pagar jubilaciones, salarios y aguinaldos.
Según informó oficialmente La Pampa, solo para cubrir este déficit en 2025 se requieren cerca de $145 mil millones sin actualizar, donde el 11 % es aportado por los municipios. “Ningún gobierno anterior tuvo este nivel de incumplimiento”, remarcaron.
El Poder Ejecutivo provincial envió hoy un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para que se autorice la reestructuración y uso de partidas presupuestarias estrictamente para salud, educación, asistencia alimentaria, salarios estatales y jubilaciones, hasta el 31 de diciembre, como medida excepcional.
El déficit se explica porque desde diciembre de 2023 la Nación jamás realizó adelantos ni auditó ni pagó el déficit anual previsto por la legislación nacional. También eliminó artículos del Presupuesto 2023 que confirmaban esas obligaciones, agravando la situación.
Además, la recesión económica afecta la recaudación provincial y la falta de cumplimiento de acuerdos nacionales, como en obra pública, que obliga a la provincia a cubrir créditos y costos no transferidos.
“La Provincia de La Pampa mantiene una economía ordenada y las prestaciones públicas no se vieron afectadas, pero la reducción real de ingresos será del 12 % este año, con un monto estimado de ingresos por 1,74 billones de pesos frente a 1,99 billones aprobados”, explicaron fuentes oficiales.
En este contexto, desde La Pampa reclaman a la Corte que ordene a Nación cumplir con sus obligaciones previsionales de forma inmediata y que el Poder Legislativo otorgue herramientas para garantizar los pagos vinculados a servicios públicos, salarios y jubilaciones.
El gobierno provincial advierte que la negativa nacional tendrá un impacto directo en la próxima discusión del presupuesto 2026, complicando aún más la distribución de recursos.
